El grupo municipal progresista de Sant Josep ha presentado una
moción de control al equipo de gobierno en la que pide
explicaciones acerca de las medidas llevadas a cabo para cumplir la
sentencia que le obligaba a abrir un nuevo expediente de infracción
urbanística y a anular la licencia de obra menor otorgada por la
Comisión de Gobierno a las obras realizadas en los apartamentos
Pimar, en Port des Torrent.
Concretamente, la moción pide explicaciones acerca de lo «que ha
hecho el Ayuntamiento ante la sentencia, cuando piensa cumplirla,
y, sobre todo, de que manera piensa poner medidas correctoras en el
departamento urbanístico del Consistorio que se muestra indigno de
la seriedad que merece el pueblo», según el texto de la misma. Una
denuncia vecinal está en el origen de esta sentencia. La respuesta
del Consistorio a la protesta de los vecinos fue la paralización de
las obras, a lo que la empresa Trovet S. A. respondió solicitando
una licencia de obra menor, con un presupuesto de 8 millones.
El Ayuntamiento se la concedió con informe favorable de los
servicios técnicos que sin embargo fijaban el coste en 34'5
millones de pesetas. Con la licencia iba también un expediente
sancionador resuelto con una multa de 821.082 pesetas por las obras
realizadas sin licencia.
Según el escrito de la oposición en Sant Josep, la sentencia
califica los citados informes favorables de «increíbles» y afirma:
«En definitiva, lo edificado por la entidad codemandada está
huérfano de amparo legal, al no disponer de licencia, ya que la
concedida nada tiene que ver con lo que se ha llevado a cabo a la
vista, ciencia y paciencia del Ayuntamiento demandado». Ahora el
grupo municipal progresista afirma que las obras han sido
declaradas ilegales con la intervención municipal y solicita del
equipo de gobierno cuales han sido las medidas adoptadas.
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