Redacción Local09/01/02 0:00
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El conseller d'Interior, Josep Maria Costa, entregó ayer a la Delegada del Gobierno, Catalina Cirer, el balance de daños en bienes públicos ocasionados por los temporales que azotaron Balears en noviembre, evaluación a partir de la cual el Ejecutivo central aprobará un real decreto de ayudas que podría ser aprobado el próximo mes de abril. De los 68 municipios del archipiélago, sólo cuatro no han presentado una evaluación de daños en infraestructuras y bienes públicos y la suma del coste de reparación de todos los desperfectos asciende a 35.195.253 euros (5.855 millones de pesetas). Los destrozos públicos en el conjunto de la isla de Eivissa han sido valorados en 2'5 millones de euros (417 millones de pesetas), mientras que en Formentera se elevan a 168.348'74 euros (28 millones de pesetas).

En el desglose por ayuntamientos se puede comprobar que el municipio de Eivissa ha sido el más castigado, con 940.163 euros en daños; seguido, muy de cerca, por el de Sant Joan con 911.134 euros en pérdidas. El siguiente ayuntamiento más afectado ha sido el de Sant Antoni, con 525.009 euros en daños. En Santa Eulària suman 116.295 euros y en Sant Josep han sido de 14.245 euros. El informe de descripción de daños por municipios deja claro que las playas, las infraestructuras deportivas, el alumbrado público, el mobiliario urbano, los árboles y los colegios han sido los puntos más afectados en las Pitiüses. En Mallorca, los daños han sido valorados en 29'8 millones de euros y en Menorca ascienden a 2'6 millones.

Costa indicó que estas cuantificaciones se han llevado a cabo a partir de reuniones con todos los ayuntamientos de las islas, con los que se acordó una metodología de evaluación común para lograr la «sistematización de la contabilidad de los daños públicos». El Govern ha aportado toda la documentación y ha quedado «a disposición de la Administración del Estado para facilitar cualquier otra información de tipo complementario que se tenga que remitir», afirmó el conseller d'Interior. Respecto a la posibilidad de que el Govern reclame la ayuda del Ejército para retirar las decenas de miles de árboles derribados por los fuertes vientos, Costa la descartó por el momento, porque «los medios con que cuentan las administraciones de las Illes Balears son suficientes», dijo. En este sentido, se ha anunciado que a finales de este mes comenzará a trabajar en Eivissa una de las ocho brigadas de refuerzo para retirar árboles.

La delegada del Gobierno, que remitirá el informe presentado por el Govern a la Dirección General de Protección Civil, recordó que cuando se produjeron los temporales «se llevaron a cabo actuaciones de colaboración estrecha con el Govern y otras administraciones como municipios». Cirer indicó que la declaración de zona catastrófica solicitada por el Govern a Madrid «no tiene ningún sentido si no va acompañada de un decreto en el que se establezca la cuantía que ha de sufragar el Estado».1