«Ni el ciudadano ni el comerciante están contentos con los
resultados de este verano». La directora insular de la
Administración General del Estado, Marienna Sánchez-Jáuregui,
reconocía ayer con esas palabras que las quejas de los empresarios
y de las asociaciones de vecinos de Sant Antoni respecto a la
seguridad ciudadana tienen fundamento.
Es más, asume que en 2002 habrá que «replantear» el modelo de
orden público ideado para ese municipio, cuestionado por
prácticamente toda la sociedad de la bahía, desde asociaciones de
vecinos a colectivos de comerciantes y hoteleros, que han iniciado
una recogida de firmas como medida de presión: «Es preciso idear
planteamientos nuevos para conseguir más eficacia. Los resultados
no son los que queríamos obtener, por lo que hay que replantarse
algunas cosas», matizó.
Sánchez-Jáuregui señaló, no obstante, que las fuerzas de
seguridad «trabajan mucho», y que «aunque los resultados no sean
los esperados la sociedad debería reconocer esa labor». Respecto a
la solicitud de más guardias civiles planteada el lunes en este
periódico por el alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, la
directora insular explicó que se aumentará la presencia si así lo
aconsejan los informes que se elaboren al concluir esta
campaña.
También advirtió de que sería aconsejable una mayor intervención
y compromiso del Consistorio y de otras administraciones, ya que
nunca se podrá mejorar el orden público si se emplean,
exclusivamente, las fuerzas policiales: «En Sant Antoni ocurre como
en sa Penya. El diez por ciento de la problemática requiere una
actuación de las fuerzas de seguridad, pero el resto es competencia
municipal y del resto de administraciones».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.