La Conselleria d'Obres Públiques estudia posibles vías jurídicas
para tratar de eludir el envío de la moratoria al Parlament, como
marca la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) en su artículo
17.2.c. Responsables de la Conselleria se reunieron ayer con
asesores jurídicos para ver cómo es posible aprobar la moratoria de
forma definitiva sin tener que recurrir al trámite parlamentario.
El director d'Ordenació del Territori, Manuel Cabellos, mantuvo
ayer reuniones con una serie de asesores jurídicos de la
Conselleria para buscar una solución.
Cabellos explicó que los primeros informes sobre esta cuestión
consideran «absurdo» que la moratoria deba ser convalidada en el
Parlament, a pesar de que la LOT es explícita al respecto. «Una
norma cautelar en, en esencia, una norma preparatoria para
garantizar que la futura ley funcione correctamente», señaló
Cabellos. Para el responsable de Ordenació del Territori del Govern
es «surrealista» que la moratoria no pueda ser aprobada por el
Consell de Govern. Cabellos añadió que el propio Código Civil
señala que, además de la literalidad, también hay que tener en
cuenta el «espíritu de las leyes» y, según explicó, resulta
impropio que las norma cautelares las tenga que aprobar el
Parlament.
Cabellos añadió además que el mecanismo legal para remitir el
texto de la moratoria al Parlament resulta complicado, ya que el
ordenamiento de las Islas no contempla el decreto-ley, que sería lo
más adecuado en este caso. En esta línea, las dudas que existen en
este momento se refieren también a la posible tramitación de la
moratoria en caso de que finalmente deba remitirse al Parlament de
forma definitiva. La opción más clara en este caso sería la
presentación de un anteproyecto de ley urgente por lectura única,
es decir, sin posibilidad de que se introduzcan cambios.
En cualquier caso, en el Govern tienen claras dos cosas: en
primer lugar, se ha decidido la ampliación del periodo de
exposición pública de la moratoria, que en principio era de tan
sólo 20 días y coincidía prácticamente con el mes de agosto. El
plazo se prolongará hasta septiembre. Precisamente fueron las
alegaciones del Col.legi d'Arquitectes las que alertaron de la
necesidad de remitir el texto al Parlament. En la primera de sus
alegaciones, los arquitectos criticaban que la moratoria no
estuviera consensuada a pesar de que la LOT obliga a su aprobación
en el Parlament en el plazo de seis meses. Ahora, losmiembros del
Govern consideran que ese artículo hay que cambiarlo.
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