El ex diputado de la Agrupació Independiente de Formentera, Joan
Robert Masdeu, negó en la comisión de investigación del caso
Formentera haber obtenido una lista de los emigrantes antes de que
se publicara el censo y habérsela entregado después de Manuel
Alonso. Insistió en que desconocía cualquier operación para
favorecer la inscripción de argentinos en la Isla.
El alcalde de Escorca, Antonio Gómez, también aseguró que no
cometió ninguna irregularidad en el censo y añadió que son «errores
administrativos. Dijo que en las elecciones de 1999, el censo del
municipio varió en tal sólo dos personas y pasó de 276 a 278. Acusó
a Josep Vicens, ex concejal del PSM que lanzó las acusaciones en su
contra, de practicar precisamente lo contrario de lo que predica,
ya que vive y trabaja en Sóller.
Por otra parte, el pleno del Senado rechazó investigar y aclarar
en el plazo de seis meses el funcionamiento del Censo de Emigrantes
Residentes Ausentes (CERA), partiendo de su presunta utilización
«fraudulenta» en Balears en las elecciones de 1999. El texto,
rechazado por 132 votos en contra, 75 a favor y 13 abstenciones,
era una enmienda de modificación del propio grupo mixto a su
moción, en el que se pedía investigar la participación en las
elecciones de los inscritos en el CERA.
El senador de IU Manuel Cámara aseguró que se utilizaron
emigrantes para conculcar la voluntad popular de la circunscripción
electoral de Balears durante las elecciones autonómicas de 1999, ya
que en el proceso de rectificación del censo, 74 residentes en
Argentina se censaron en Formentera, y 72 votaron al PP y los dos
restantes fueron votos nulos.
El senador del PP José Manuel Ruiz Rivero, quien defendió una
enmienda de su grupo en la que se pedía una evaluación sobre el
funcionamiento del CERA, teniendo como referencia su participación
en las elecciones de 1999 y de 2000, pero no solamente en Baleares
sino en toda España, mostró su sorpresa por la capacidad del
senador Cámara «para circular a piñón fijo». El periodista Matías
Vallés compareció ayer en el Juzgado de Eivissa donde entregó la
documentación sobre el caso Mapau y ratificó el contenido de todas
las informaciones publicadas.
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