P. Candia14/04/01 0:00
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Los ciudadanos extranjeros han presentado en los primeros cuatro meses del año 2001 cerca de 300 recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y los juzgados, aunque estos se inhiben ante la instancia superior. La revisión de las solicitudes de regularización denegadas durante el proceso abierto en este año es una de las medidas incluidas en la nueva ley de extranjería o Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración, que modifica la Ley 4/2000, y que entró en vigor el pasado 23 de enero.

En esos recursos, interpuestos ante solicitudes denegatorias de permisos de residencia, trabajo, etc, intervienen el abogado del Estado, el fiscal, los letrados. «Por eso», según explicó un portavoz judicial, «el retraso se va acumulando». En Balears, de las 4.303 peticiones de permiso de trabajo y residencia que se han cursado dentro del proceso de regularización se han concedido en torno a 2.500 y denegado cerca de 1.500. De los 300 expedientes tramitados este año en el TSJB, unos 70 esperan ser resueltos tras la inhibición de los juzgados de lo contencioso.

Jueces, fiscales y funcionarios asumen que los asuntos presentados por ciudadanos extranjeros «irán en aumento», debido a que la población extranjera residente y empadronada en los municipios de las Islas ha registrado un alza del 105 por ciento en los últimos años, al pasar de 38.260 inscritos en 1998 a 78.504, según el último censo realizado por el Institut Balear d Estadística (IBE) entre octubre y diciembre de 2000.

La Sala de Gobierno del TSJB ya prevé solicitar en comisión de servicio a otros dos magistrados más para que aceleren la resolución de los procedimientos pendientes de sentencia. En el IBE se señala que la evolución al alza del número de extranjeros radicados en las Islas está motivada «por el fuerte crecimiento que ha tenido la economía balear en el último lustro, lo que ha propiciado que se haya necesitado mano de obra, la cual no ha podido ser cubierta por la población residente balear y peninsular».