El Govern balear decidió ayer interponer un recurso ante el
Tribunal Constitucional contra varios artículos de la reforma de la
Ley de Extranjería aprobada por el Ejecutivo central. El nuevo
texto «ataca derechos fundamentales de las personas e incumple la
propia Constitución», según manifestó el conseller de Presidencia,
el socialista Antoni Garcias.
El Govern tiene previsto presentar el recurso mañana jueves,
último día de plazo. En él, según las mismas fuentes, se rechaza
las limitaciones que impone la normativa a los derechos de reunión,
sindicación, huelga, asociación y asistencia gratuita jurídica de
los inmigrantes. Concretamente, el Ejecutivo balear argumenta que
la Constitución reconoce a los inmigrantes los derechos y
libertades públicas «en concordancia y de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos», mientras que la
reforma de la Ley de Extranjería supedita los derechos de reunión,
asociación y sindicación a que la persona haya obtenido permiso de
residencia o estancia en España. Según Garcias, la normativa que
pretende imponer el Gobierno central contraviene los artículos de
la carta de los derechos humanos, que reconocen la facultad de
todas las personas a optar por estas posibilidades.
El Consell Consultiu de Balears emitió la semana pasada un
informe en el que se defendía la constitucionalidad de la ley, pero
como el dictamen de este organo jurídico no es vinculante, el
Gobierno balear ha decidido interponer el recurso. «El dictamen del
Consell Consultiu no debilita la postura del Govern balear, ya que
estamos convencidos de que el Partido Popular está actuando de
manera incongruente al defender un texto que ya se ha demostrado
imposible de aplicar», aseguró Garcias.
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