G. Romaní21/03/01 0:00
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GUILLERMO ROMANÍ El Juzgado de Instrucción número tres de Eivissa ha admitido a trámite una querella criminal por estafa contra Formentera Mar S.A. presentada por los abogados de Gerónimo Martín, arrendatario, desde 15 de julio de 1997, de dos locales en el Edificio B de la ampliación del puerto de la Savina. La querella se presenta contra los representantes legales de Formentera Mar en la fecha de los hechos. Según Martín, los representantes de Formentera Mar se valieron del engaño para conseguir que suscribiera un contrato de arrendamiento por unos locales de negocio que no tenían adjudicados en concesión, a pesar de lo cual fingieron que así era.

Gerónimo Martín mantuvo en 1997 diversas conversaciones con los representantes de Formentera Mar para alquilar dos locales emplazados en el Edificio B de la Savina, pese a que la construcción por lo que se refiere a instalación y acabados aún no se habían concluido. Martín tenía la intención de unirlos, como así hizo, para instalar en dicho recinto un bar restaurante.

Sin embargo, el documento fue redactado y presentado a Gerónimo Martín como si se tratara de un contrato de adhesión, ya que en él se especifica que Martín sería «empresario colaborador de la contratista de la gestión para la prestación del servicio Bar-Restaurante» sin que por ello se explicara al querellante el significado y el alcance del contrato más allá de lo que se considera un puro y simple arrendamiento. El arriendo era de dos locales que en teoría habían sido adjudicados a Formentera Mar por la Autoritat Portuària, aunque según explica Martín, el edificio B se destinó originariamente para sede de la Cofradía de Pescadores. Esta circunstancia, que Gerónimo Martín desconocía en su día significa que los locales fueron abusivamente arrendados por Formentera Mar S.A. sin que los tuviera en concesión.

Como en los meses de abril, mayo y junio Martín dejó de abonar los alquileres, Formentera Mar cortó los suministros eléctricos y de gas de su restaurante, obligando al cierre del mismo con el consiguiente perjuicio económico para el arrendatario.