La consellera d'Innovació i Energia, Misericòrdia Ramon, presentó
el jueves por la noche su dimisión al presidente del Govern horas
antes de que el PP desvelara en una rueda de prensa el contenido
del contrato 'blindado' que la consellera firmó con el ex director
del Parc-BIT de Mallorca, Felio Morey, y que establecía una
indemnización de multimillonaria en caso de que este alto cargo
dejara el Govern antes de que finalizara la legislatura.
El PP había solicitado la comparecencia de la consellera a raíz
de que Ultima Hora publicara el blindaje del
contrato de Morey, pero fue la convocatoria de la rueda de prensa
el detonante de la crisis. Francesc Antich llamó a la consellera
por teléfono al conocer la convocatoria de la rueda de prensa y
ésta se vio forzada a presentar su dimisión. Antich cerró ayer
mismo la repentina crisis provocada por la dimisión con la elección
de un hombre de partido como sucesor de Ramon. Príam de Villalonga,
considerado todo un «histórico» de las filas socialistas, tomará
posesión de su cargo esta misma mañana después de que ayer por la
tarde se reuniera con el propio presidente y los altos cargos de su
futuro departamento. Príam de Villalonga es miembro de la ejecutiva
del PSOE y fue presidente de la Junta del Puerto de Palma.
Al término del consell de govern de ayer, el conseller de
Presidència, Antoni Garcías, explicó que Ramon había presentado su
dimisión tras reconocer que había cometido «un error» al firmar el
contrato 'blindado' con Felio Morey, quien dejó el cargo hace un
mes. Garcías añadió que Ramon había dimitido «para asumir su
responsabilidad política» y con el fin de «evitar que su
permanencia fuera mal utilizada para perjudicar la buena imagen del
Govern». Garcías explicó que la fórmula de contratos blindados
«eran habituales cuando gobernaba el PP», y aclaró que Ramón había
firmado el atípico acuerdo laboral con Felio Morey «sin mala
intención».
El portavoz del Ejecutivo comentó que Ramón había planteado al
president Antich «su firme convicción de haber actuado en todo
momento en el más estricto respeto a la ética política y a la moral
pública». Antich aceptó la renuncia de la consellera y elogió «su
espíritu de servicio al Govern». El conseller Antoni Garcías
insistió en el hecho de que cuando gobernaba el PP los contratos
blindados eran habituales. «Ya nos hubiera gustado que otros
gobiernos autonómicos hubieran tomado ejemplo y actuado
igualmente», atacó el portavoz del Ejecutivo, quien precisó que el
actual Govern ha tenido que pagar bastantes indemnizaciones a altos
cargos que disfrutaban de contratos blindados.
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