El portavoz del Pacte Progressista en el Ayuntamiento de Santa
Eulària y miembro del grupo municipal socialista cuando se
interpuso el recurso contra la concesión de licencias por parte del
Consistorio utilizando el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano
(PDSU), Carlos Salinas, manifestó ayer que no se puede descartar
que la institución tenga que pagar indemnizaciones si algún
particular o empresa afectada por una decisión urbanística se
considera perjudicada.
Salinas calificó de «cabezonería» e «insensatez» la decisión del
equipo de gobierno de Santa Eulària de seguir otorgando los
permisos en función del contenido del PDSU, cuando éste ya había
sido tachado de nulo en los fundamentos jurídicos de una sentencia.
Sin embargo, el portavoz progresista defendió que el recurso que
ellos plantearon contra la concesión de determinadas licencias no
tenía intención alguna de «perjudicar a los administrados», sino
únicamente de conseguir que se aplique la legalidad.
Los progresistas, que quieren estudiar más a fondo las
consecuencias de este fallo judicial y reunirse con el Partido
Popular de Santa Eulària para estudiar soluciones urgentes,
consideran que en estos momentos la situación urbanística del
municipio es «preocupante». Carlos Salinas cree que la
normalización pasa por aprobar lo antes posible una reforma del
Plan General para acabar con la «total indefensión» en la que puede
haber quedado gente que, por ejemplo, haya comprado suelo
calificado como urbano por el PDSU.
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