La Plataforma de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Joan
presentará hoy un escrito de alegaciones ante el Defensor del
Pueblo relacionadas con los problemas que la aplicación de la
Normativa Territorial Cautelar ha provocado a numerosos residentes
de la zona. Así, piden al Defensor del Pueblo que se incoen
diligencias «para garantizar a los vecinos del municipio una
participación directa y efectiva» en las materias de ordenación del
territorio, urbanismo y medio ambiente. A juicio de los integrantes
de la Plataforma, la situación actual, derivada de la aplicación de
varias restricciones urbanísticas desde el año 1999, «lesiona
abiertamente el derecho de propiedad recogido en la Constitución
española».
En un escrito remitido por la portavoz de laasociación, la
abogada Cristina Marí, se señala que la aplicación de las últimas
normativas urbanísticas demuestra que la Administración «trabaja a
marcha forzada para cumplir unos programas bajo el lema de todo
para el pueblo pero sin el pueblo», un estilo que comparan con el
del Despotismo Ilustrado.
Marí recuerda que los vecinos de Sant Joan han sufrido una
«cadena continua de restricciones» desde 1999: se les ha prohibido
construir viviendas unifamiliares en 30.000 metros cuadrados de
zonas ANEI; una norma cautelar redactada desde el Govern balear ha
suspendido el crecimiento en los tres únicos cascos urbanos del
municipio en vías de desarrollo, y, finalmente, el Consell ha
decretado una última Norma Cautelar.
Según apunta la portavoz de la Plataforma, «vagamente se excusan
apuntando a la temporalidad de estas prohibiciones», si bien «la
realidad es que la norma escrita prohíbe tajantemente a título
gratuito y de forma indefinida el uso edificatorio en las zonas
ANEI».
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