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La decisión del Consell Consultiu de las Illes Balears de negar al Consell Insular pitiuso la facultad de revisar la declaración de Interés General otorgada en junio de 1999 por la Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) al kiosco de sa Penya Esbarrada (Santa Agnès de Corona) «refuerza la autonomía municipal», a juicio del alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur. El edil considera que el dictamen «aclara» la situación y demuestra que el Ayuntamiento «actuó de forma correcta» cuando otorgó la licencia de obras tras conseguir de la CIU la declaración de Interés General. Si bien el Consell Consultiu indica que debe ser el Consistorio el que en última instancia puede paralizar la obra, Antoni Marí Tur advierte de que la licencia no se tocará.
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