El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, la directora insular de
la Administración del Estado, María Encarnación Sánchez-Jáuregui, y
la consellera de Medi Ambient, Fanny Tur, acordaron ayer realizar
un esfuerzo de coordinación para actuar contra la fiestas ilegales
en espacios protegidos una vez que se detecten e incluso antes de
que se celebren. Los representantes de las tres instituciones, que
se reunieron ayer en el Consell, coincidieron en que «hay ponerse
de acuerdo de tal manera que la lucha contra estas fiestas sea
común», tal y como señaló el alcalde Sant Joan al término del
encuentro.
Por su parte, Sánchez-Jáuregui explicó que «para lograr estos
objetivos se necesita tener muy claro la actuación de cada
administración». Así, una vez que se impide la celebración de la
fiesta, es «imprescindible» que se agilicen los trámites «hasta
conseguir la resolución punitiva». La sociedad en su conjunto «debe
saber que no se pueden hacer estas fiestas porque se aplican las
penas correspondientes», remarcó la directora insular.
Tanto Sánchez-Jáuregui como Marí Marí destacaron que los
perjuicios que causan estas fiestas «son muchos». El alcalde de
Sant Joan explicó que este tipo de celebraciones «deterioran la
vegetación del entorno y provocan molestias a los vecinos en las
noches de verano, ya que el sonido de estas fiestas puede alcanzar
los dos o tres kilómetros de radio». Además, causan graves
deterioros «en caminos rurales de tres metros o poco más de ancho
por los que pueden pasar en una noche cientos de vehículos,
soportando más tránsito que el que aguantan durante dos o tres años
de servicio para el que fue creado», remarcó Marí Marí.
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