La presencia de un fuerte despliege policial pone fin al bloqueo de CLH

La situación de caos y psicosis en los ciudadanos y entidades de la Isla no decreció con el pacto de «servicios mínimos» que, la noche del martes, acordaron la delegada de Gobierno, Catalina Cirer, con los manifestantes. Las colas antes las gasolineras continuaron a lo largo del día y algunos servicios públicos comenzaban a sufrir los efectos del bloqueo a pesar de la salida de 20 camiones cisterna diarios (casi 800.000 litros de combustible). Ante esta situación Cirer, «en previsión de una crisis irreversible», decide actuar con contundencia y envía un fuerte despliege policial para romper el bloqueo. La delegada del Gobierno, que posteriormente reconoció haber incumplido el compromiso, justificó la presencia policial por la «situación de coacción» que provocaban pescadores y payeses.

Payeses y pescadores fueron bastante duros al calificar el desalojo policial y acusaron a la representante del Gobierno en las Islas de «no tener palabra al romper el pacto que alcanzamos conjuntamente» y amenazaron con denunciarla por «violenta y mentirosa». El presidente de Unió de Pagesos, Jaume Pocoví, remarcó que ellos habían cumplido su parte «al permitir salir a una serie de camiones» y que se retiraban de la zona para evitar un enfrentamiento violento con la policía. «La palabra de Cirer no vale una mierda. Teníamos un pacto y ahora envía a los antidisturbios para que nos arrasen. Nosotros continuaremos con nuestras movilizaciones y ya no nos fiaremos más de ella», aseguró.

El coordinador de la asociación agraria, Joan Mas, acusó a la delegada de dejarse presionar por los empresarios y hoteleros, «presión de los poderes fácticos que le ha hecho incumplir su palabra», y anunció que, en las próximas movilizaciones que tienen previstas «no descartamos ningún tipo de acción ya que mantenemos nuestro espíritu de lucha».