El vicepresidente del Govern, Pere Sampol, anunció ayer que el
Ejecutivo presentará un recurso de inconstitucionalidad contra
diversas medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno central.
Se trata de la decisión de dar libertad de horarios a los
comercios, la posibilidad de instalar gasolineras en las grandes
superficies comerciales y otras medidas liberalizadoras
relacionadas con el sector inmobiliario.
La decisión de presentar este recurso se ha adoptado después de
que el Consell Consultiu haya emitido un informe en el que asegura
que el Gobierno no puede modificar el régimen de horarios
comerciales de manera unilateral, ya que una ley orgánica anterior
determinaba que esta decisión debe adoptarse de manera pactada
entre el Gobierno central y las respectivas comunidades autónomas.
El dictamen afirma además que el Gobierno «no puede modificar el
régimen de horarios comerciales hasta el 1 de enero de 2001». Añade
que, si el Gobierno quiere aprobar esta ampliación a partir del 1
de enero, debe hacerlo a través de una nueva ley orgánica «mediante
la cual se deje sin efecto la transferencia hecha a las comunidades
autónomas para codecidir la aplicación de la libertad de horarios
comerciales».
Por lo que respecta a la instalación de gasolineras en grandes
superficies, el dictamen del Consell Consultiu concluye que algunas
de estas disposiciones vulneran el Estatut d'Autonomia de Balears.
El dictamen asegura que el Gobierno ha adoptado medidas
urbanísticas «que podrían vulnerar al artículo 11 del Estatut
d'Autonomia de Balears, que otorga a nuestra Comunitat Autònoma
competencia de despliegue legislativa y ejecución, en el marco de
la normativa básica del Estado, en materia de régimen minero y
energético y de actividades clasificadas».
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