Las inmediaciones del Consell Insular eran un auténtico hervidero compuesto por unas 200 personas -constructores, promotores, propietarios de fincas, representantes de inmobiliarias, empresas de abastecimiento de materiales de obra, trabajadores de la construcción y ecologistas- que armados con pitos, sirenas de aire comprimido y pancartas mostraban su disconformidad, los más, o su acuerdo, los menos, con las medidas de restricción de los permisos de construcción.

La tensión derivó en escenas de violencia en el momento en el que los manifestantes cortaron el tráfico de la Avenida de España. Un joven al volante de un Nissan Intercooler intentó rebasar la barrera humana. Un grupo de manifestantes se abalanzó contra el vehículo para impedirle el paso golpeando el capó y la puerta del conductor con un pivote y una muleta. El conductor del Nissan aseguró a Ultima Hora Ibiza y Formentera que interpondrá una denuncia contra los manifestantes por los daños ocasionados -abolladuras principalmente- mientras que los protagonistas del incidente alegaban que el conductor intentaba atropellarles y que le demandarán por ello.

Minutos antes del inicio del pleno los gritos y pitadas de los manifestantes se hicieron atronadores. ¡No mas votos!, ¡traidores!, ¡vividores!, gritaban. La tensión se reavivó en el momento de la entrada de políticos y público a la sala de plenos, ya que buena parte de los manifestantes se quedaron en la puerta cuando la sala ya estaba al límite de su capacidad. Entre los que se quedaron fuera estaba el presidente de los constructores, Pablo Arriba, «indignado» y los concejales populares del Ayuntamiento de Sant Joan, Antonio Cardona Marí y José Marí Ribas, que tras comprobar que minutos después permitían la entrada al alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, y al teniente de alcalde , Pedro Campillo, decidieron pasar por el registro del Consell una que ja en la que exigen que se les explique las razones de la «discriminación que han sufrido».

Las muestras de apoyo las protagonizaron los grupos ecologistas que repartieron recortes de prensa recordando la manifestación que sacó a la calle a 11.000 personas en favor de la protección medioambiental de las Pitiüses. Las fuerzas de seguridad debieron controlar los ánimos de los más exaltados y de aquellos que no pudieron acceder a la sala de plenos.