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NEKANE DOMBLÀS/ M.M. El vicepresident del Govern, Pere Sampol, aseguró ayer que el Govern quiere tener todas las garantías jurídicas antes de autorizar a los consells insulars a que realicen moratorias urbanísticas en sus respectivos territorios. De hecho, según han asegurado algunas fuentes, el Govern ha remitido a los servicios jurídicos la propuesta para facultar a los consells con el fin de que no surjan problemas legales de última hora.

Fuentes de toda solvencia han asegurado que el Govern quiere estudiar si es necesaria o no la existencia de un informe preceptivo del Consell Consultiu. El PP asegura que esta documentación es necesaria dado que la autorización a los consells para que aprueben las moratorias es en realidad el desarrollo de un artículo de una ley, la de Directrices de Ordenación del Territorio. En este caso, según el PP, el informe del Consell Consultiu es preceptivo. En cualquier caso, la intención del Ejecutivo es aprobar cuanto antes una moratoria a través de esta especial delegación de competencias a los consells. En el caso de Menorca las medidas son especialmente urgentes, más aún debido al hecho de que casi la totalidad del borrador de la moratoria ya se ha hecho pública.

Algunas fuentes consultadas aseguran, sin embargo, que el Govern puede encontrarse con otro problema a la hora de facultar a las instituciones insulares. Este problema arranca precisamente del proyecto de ley de atribución de competencias a los consells insulars en materia de ordenación del territorio. El artículo 1.4 del texto aprobado por el Consell de Govern y remitido al Parlament establece que el Ejecutivo cede a los consells la facultad de aprobar normas cautelares, es decir, moratorias.