El portavoz de los vecinos presentó ayer el recurso de reposición contra la protección cautelar de Cala d'Hort. Foto: MARGA MARÍ.

Los vecinos de Cala d'Hort afectados por la protección cautelar dictada por la Conselleria de Medi Ambient presentaron ayer en las oficinas del Consell Insular, un recurso de reposición contra la citada orden por considerar que perjudica los intereses privados de los propietarios de la zona. En el recurso se solicita a la Conselleria que declare la nulidad y revoque la citada suspensión como paso previo a la posible presentación de un nuevo recurso a través de la vía judicial.

En este sentido, el portavoz de los vecinos, Joan Ribas, explicó que la decisión de presentar el escrito ante la Conselleria se debe interpretar como una muestra «de buena voluntad por parte de los afectados» e indicó la intención de los afectados de reunirse con las instituciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre el futuro de la zona. Tras destacar su oposición a una nueva figura de protección en Cala d'Hort, «porque la LEN y las DOT ya protegen suficiente», Joan Ribas destacó que los propietarios de la zona no pretenden participar en la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la zona puesto que no comparten el objetivo del citado estudio.«No estamos a favor del citado PORN pero no somos enemigos y queremos intentar llegar a un acuerdo con las instituciones», indicó el portavoz de los vecinos. En este sentido, Joan Ribas, anunció la intención de los afectados de encargar un estudio a un equipo de biólogos para determinar si existen endemismos en Cala d'Hort que tengan que ser objeto de protección.

Joan Ribas anunció la intención de los afectados de crear, en el plazo máximo de dos años, una asociación a nivel balear que reúna al 80% de los propietarios de fincas rústicas afectados por nuevas figuras de protección del Govern. «Hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, en Eivissa y en Balears y queremos unir nuestras fuerzas para que nos hagan más caso», indicó Ribas. Los afectados esperan negociar un acuerdo sobre el PTP que determinará el futuro urbanístico de las islas.