El ex president del Govern, y actual ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, no fue informado por sus funcionarios de confianza que
se estaban recibiendo mensajes por correo electrónico que
correspondían a otra dirección. El juez Enrique Morell, titular del
juzgado de instrucción número 9 de Palma, que investiga el
denominado «caso Bitel», tomó ayer declaración como imputadas a la
secretaria personal de Matas, Francisca Pascual, y a las
funcionarias Belén Perera e Isabel Enseñat.
Estas tres empleadas, que estaban trabajando a las órdenes del
ex president, fueron citadas a declarar tras las manifestaciones
vertidas por el funcionario Sebastià Vallori, a cuyo ordenador
llegaban los mensajes electrónicas del conseller de urbanismo del
CIM. Vallori declaró que varias personas de su departamento tenían
acceso a su clave informática. También reconoció que había
descubierto dos mensajes que se habían recibido por error, y que le
comunicó la situación a su superiora, la secretaria Francisca
Pascual, que le indicó que lo comentara con el al departamento de
informática. Estos dos mensajes los borró sin llegar a abrirlos,
según dijo el funcionario.
Francisca Pascual, la secretaria de Matas, confirmó que tanto
ella como los funcionarios que trabajaban en su departamento
conocían y tenían acceso a la clave informática de Vallori, por lo
que cualquiera de ellos podía utilizar el ordenador. La secretaria
reconoció que fue informada de este error en la recepción de
mensajes. Según su abogado Rafael Perera, al primer mensaje erróneo
«no le dio importancia», mientras que al recibir el segundo «ordenó
que lo comunicaran a Informática». Francisca Pascual aseguró que
jamás le contó este incidente a Jaume Matas, y por tanto niega que
el ex president se aprovechara de la información que se enviaba al
correo electrónica del socialista Quetglas. La secretaria señaló
que en aquella época (entre marzo de 1998 a mayo de 1999) Matas
apenas recibía mensajes por correo electrónico.
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