El equipo de gobierno del Consell Insular defendió ayer la
legalidad y la eficacia del sistema de contratación de obras,
servicios y bienes por parte de la institución. El Pacte salió así
al paso de las críticas vertidas desde el grupo popular que
considera «una burla para los ciudadanos» el hecho de que el
gobierno progresista haya decidido adherirse al sistema de
contratación centralizado por la Dirección General de Patrimonio,
que depende del Ministerio de Economía.
Según señala un comunicado hecho público por el gobierno del
Consell, el sistema centralizado afecta a las compras de bienes y a
los servicios que requieran un expediente de contratación, es
decir, aquellas que superan los dos millones de pesetas. Según el
Pacte, este sistema supone un ahorro medio del 30 por ciento del
coste en aquellas adquisiciones con un expediente de contratación,
un ahorro que, según el Pacte, «se invertirá en mejorar las
prestaciones que reciben los ciudadanos».
El equipo de gobierno asegura que el nuevo sistema de compras
«no vulnera ningún procedimiento ni tramitación» y en este sentido
se aclara que, por el principio de economía administrativa, se
encarga a la Dirección General de Patrimonio que realice los
expedientes administrativos. El gobierno del Pacte Progressista
considera que este sistema de compras servirá para reportar
«grandes ventajas» al Consell y a los ciudadanos y se recuerda al
PP que las actuaciones están controladas por un organismo que
depende del Ministerio de Economía, una administración gobernada
por el Partido Popular.
En el mismo comunicado, el Consell aclara que es «totalmente
falso» que este sistema de compras discrimine a la empresas de las
Pitiüses. Así, el Pacte recuerda que el sistema en cuestión no
afecta a todas las compras y que se homologan marcas y productos
pero no impide que sean los distribuidores insulares los que
suministren el material.
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