El comité regional de derechos y garantías del Partido Popular en
Balears decidió ayer abrir expedientes disciplinarios al
ex-secretario general de la formación en las Pitiüses, Manuel
Alonso Fernández Revuelta; al presidente del PP de Formentera y
concejal en el Ayuntamiento de esta isla, Cándido Valladolid; y al
afiliado de Formentera César Àlvarez.
En los tres casos, según explicó ayer a Ultima
Hora Ibiza y Formentera el presidente del comité de
derechos y garantías, Enrique Martí, la decisión se ha adoptado a
raíz de las críticas realizadas en los medios de comunicación
contra el presidente del PP pitiuso, Josep Juan Cardona, y contra
el propio funcionamiento del partido. Martí quiso puntualizar que
esta es una infracción tipificada en los estatutos del Partido
Popular y que no debe confundirse en ningún caso con el derecho de
todo ciudadano y miembro del partido a la libertad de expresión.
«No es por el mero hecho de haber ofendido al presidente, sino por
el hecho de que a estas críticas se les ha dado publicidad a través
de los medios de comunicación», apuntó Martí.
Según el artículo 10 de los estatutos del PP, se considera una
infracción grave «cualquier manifestación pública oral o escrita en
los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o
descalificación de cualquier afiliado al partido». Este mismo
artículo también tipifica como falta grave el «propagar noticias
por cualquier medio que desprestigien al partido, sean
descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos de
gobierno, representación o de los grupos institucionales». A partir
de ahora, estudiar si los casos de Alonso Fernández Revuelta,
Valladolid y Àlvarez son constitutivos de estas infracciones está
en manos del juez instructor del caso.
El comité de derechos y garantías nombró ayer tarde a dichos
instructores que, según explicó Martí, ahora deben tramitar los
expedientes y proponer un pliego de cargos. Antes, habrán de dar
audiencia a los implicados, a los que también se informará de las
infracciones que se les imputan para que tengan derecho a contestar
antes de que se tome una decisión definitiva. El instructor del
caso es quien propone al comité una sanción concreta o el archivo
del expediente y esto se somete a votación.
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