La UCO investiga en estos momentos la controvertida adjudicación de los quioscos de Formentera por parte del Consell de la isla, así como «otros temas urbanísticos», según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera . La UCO interrogó recientemente a dos conselleres de Sa Unió, Verónica Castelló y Cristina Costa, por esta denuncia, así como al secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro. También declararon ante los agentes «otros políticos y funcionarios del Consell», según fuentes de la investigación.
La denuncia que dio a pie a esta intervención fue presentada por el presidente insular, Llorenç Córdoba, ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en Madrid. Córdoba presentó la misma a finales del pasado mes de mayo. En su denuncia, el presidente formenterés no solo se habría quedado en las presuntas irregularidades de los quioscos sino que habría ido más allá al poner en conocimiento de la Fiscalía otras presuntas irregularidades urbanísticas que, además, afectarían al anterior equipo de Gobierno.
Fuentes consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera han señalado que «las investigaciones están muy avanzadas», aunque no han querido desvelar el sentido de las mismas. Sí han confirmado que habrían sido interrogados Verónica Castelló y Cristina Costa, además del secretario Navarro, por la adjudicación de los quioscos, que tuvo lugar el pasado mes de abril. Quien, al parecer, no ha sido llamado a declarar es el presidente Córdoba, dado que «a los testigos no se les toma declaración».
La adjudicación de los quioscos ha sido este año uno de los momentos más tensos en la relación entre Córdoba y sus excompañeros de Sa Unió. El presidente intentó evitar a toda costa que se llevara a la Junta de Gobierno la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, que había tomado las decisiones en base al pliego de condiciones elaborado por el anterior equipo de Gobierno, de GxF y el PSOE. Córdoba se apoyaba en dos informes, uno de una letrada del Consell y otro externo, para justificar la necesidad de declarar desierto este concurso porque, entre otras cosas, las ofertas mejor valoradas no habían hecho correctamente el cálculo de las horas que deberían trabajar sus empleados. Además, el presidente consideraba también que la Mesa de Contratación no había llevado a cabo correctamente su trabajo.
Varios adjudicatarios recusaron a Córdoba como miembro de la Junta de Gobierno. Una recusación que llevó al presidente a salir de este organismo. De este modo, la Junta de Gobierno, en una reunión extraordinaria y urgente celebrada el 26 de abril, acabó aprobando las adjudicaciones de los siete quioscos de playa en juego, con el voto a favor de cuatro consellers de Sa Unió.
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