Los integrantes de la comisión recusados por Córdoba son el notario Javier González Granado y la letrada del Consell, Lidia Serrano. Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, el presidente basa su recusación en que ambos han mostrado de una u otra manera animadversión contra él en los últimos meses. González Granado lo hizo públicamente al indicar, en declaraciones a este medio el pasado mes de junio, que la solución a la crisis pasaba por la dimisión de Córdoba. Serrano, por su parte, trabajaba en el departamento de Litoral, gestionado por el presidente, y pidió ser trasladada apelando a que Córdoba no confiaba en los trabajadores del área. En un escrito presentado ante la institución, la letrada llegó a afirmar que el presidente no respetaba el trabajo del personal de Litoral y que el área estaba paralizada por la «carencia de directrices y de impulso».
El presidente formenterés considera que tanto González Granado como Serrano han tenido actuaciones que demuestran la «desconsideración» que tienen hacia su figura. «Esto evidencia», ha asegurado Córdoba, «el motivo por el que esta comisión se ha apurado para emitir el informe sin ni siquiera contestar a mi solicitud de comparecencia. Es evidente que no les interesa». Y ha añadido que, vistos los hechos, «todo indica que la intención de este informe es desacreditar al presidente del Consell Insular».
La sospecha
Córdoba ha ido más allá al asegurar que sospecha que «el informe de la Comisión Ética ya estaba elaborado mucho antes de que se constituyera». Además, ha señalado que, al ignorar su petición de comparecer ante la comisión, los integrantes de esta podrían haber «actuado contar los principios generales de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional que se tendrían que haber guardado en todo momento». «Se ha evidenciado», ha lamentado Córdoba, «una intencionalidad de menoscabar a la Presidencia del Consell Insular, generándole una absoluta indefensión».
En su escrito de recusación, Córdoba recuerda que la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 23 que los motivos por los que autoridades y personal público deben abstenerse de intervenir en procedimientos. Este artículo señala al respecto que son motivo de abstención «tener interés personal en el asunto que se trate o en otro en el cual la resolución pudiera influir la de aquel; tener amistad íntima o enemistad manifiesta; tener relación de servicio con la persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
La misma ley señala, en su artículo 24, que «en los casos en los que se dé alguna de las causas de abstención antes dichas, se podrá promover recusación de los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento».
En el mismo escrito, Llorenç Córdoba se ha acogido también a lo indicado por el Código Ético y de Buen Gobierno del Consell de Formentera, que, en su artículo 16 señala que «en aquellos supuestos en que las personas que integran la comisión estuvieran inmersas en alguna de las causas previstas en este código, serán sustituidos por la persona designada por la presidencia de la comisión». En este caso, Córdoba entiende que «con las manifestaciones del señor González Granado en prensa pidiendo la dimisión del presidente y el escrito suscrito por la señora Serrano, es evidente y notorio que ambos miembros de la Comisión de Ética no han actuado de acuerdo con los principios de imparcialidad y desinterés subjetivo y lealtad institucional» previstos en el Código Ético. Y a esto ha sumado que «tampoco han actuado conforme a las reglas de conducta generales de ejemplaridad, basadas en la observancia de una conducta que evite cualquier acción u omisión que pueda perjudicar la imagen institucional del Consell y minar la confianza de la ciudadanía en el mismo (apartado 1 del artículo quinto del Código Ético)».
En su escrito de recusación, Llorenç Córdoba, además, ha subrayado que él mismo se apartó de la presidencia de la Comisión de Código Ético y Buen Gobierno, según prevé la normativa. Como sustituto entró el conseller de Sa Unió José Alcaraz, que después fue sustituido por José Marí, de GxF, que también exige la dimisión de Córdoba, al igual que su grupo.
Ante esta situación, Llorenç Córdoba ha solicitado la recusación de González Granado y Serrano; el nombramiento dos sustitutos; dejar sin efecto el informe ya aprobado y entregado al secretario y, con los nuevos miembros, emitir otro dictamen «que no genere dudas de imparcialidad y neutralidad». Además, ha reclamado que se suspenda el proceso de entrega del informe ya aprobado «como consecuencia de que la eficacia inmediata del acto viciado y nulo de pleno derecho puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación al presidente». Y es que este documento, finalmente, podría «lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional».
3 comentarios
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No le llames comité ético, que si está formado por personas con hostilidad manifiesta y no te dan la oportunidad de tener audiencia para defenderte, le puedes llamar tribunal de la inquisición. Están los partidos como PP o PSOE ahora mismo como para juzgar a nadie por ética..... Por no decir los locales. Dejamos que sean los tribunales quien juzgen y apliquen penas.
Córdoba tiene miedo de que le quiten del chiringuito que se ha montado por el que es el político mejor pagado de Balears.
Es increíble que Córdoba que ha llevado al desprestigio total del Consell de FORMENTERA, acuse de ello a quienes tienen la obligaci’on y el trabajo de recusarlo a través de un proceso reglado. Los p’ajaros contra las escopetas.