El diputado balear ha puesto de relieve el «reducido número» de efectivos de la Guardia Civil en Formentera para afrontar el fenómeno migratorio. | Marcelo Sastre

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó ayer una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para exigir al Gobierno central la instalación en Formentera de un radar fijo integrado en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) con el objetivo de controlar la entrada de embarcaciones dedicadas al tráfico irregular de personas.

En un comunicado, el PP destacó ayer que más de 2.000 inmigrantes irregulares han alcanzado las costas de Baleares durante el año 2021, siendo las islas de Ibiza y Formentera las que en mayor medida han recibido la llegada de pateras.

El diputado ‘popular' Miguel Jerez afirmó que la gran mayoría de pateras alcanzan la costa por sí solas y no son interceptadas en el mar. Además, no son detectadas durante la navegación porque Formentera, a diferencia de Ibiza o Mallorca, no cuenta con un sistema de vigilancia que permita su detección.

Del mismo modo, el diputado ibicenco criticó la política del Gobierno en la lucha contra la inmigración irregular. En este sentido, Jerez lamentó que el Ministerio del Interior haya licitado un proyecto para la rehabilitación y mantenimiento del sistema de vigilancia por valor de 5,7 millones de euros, pero «nada se sabe» en relación a Formentera.

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«Evitar las muertes»

Según el PP, se ha optado por reforzar la inversión donde mayores flujos migratorios existen y abandonar la inversión donde menos muertes se producen. «Y esto no va de invertir donde mueren más y no hacerlo donde mueren menos. Esto va de evitar que no muera nadie más», señaló Jerez.

El ‘popular' también puso de relieve el «reducido» número de efectivos de la Guardia Civil en Formentera para afrontar el fenómeno migratorio. Jerez ha opinado que es «desesperante» el «reducido» número de efectivos de la Guardia Civil para gestionar la llegada de embarcaciones llenas.

En el caso de Formentera, hay 22 agentes de Guardia Civil en plantilla «en el mejor de los casos» y con una población que en temporada puede llegar a las 40.000 personas.

La iniciativa recibió el voto favorable de los grupos parlamentarios a excepción de la abstención de Esquerra Republicana.