Según la investigación realizada por la CNMC, en 2016 el Consell de la pitiusa del sur sacó a licitación un contrato menor para la asistencia técnica para la elaboración de un diagnóstico sobre la capacidad de carga del entorno marítimo costero de Formentera para garantizar la conservación y uso sostenible del frente costero de la isla. Para este tipo de contratos, las instituciones suelen invitar a tres empresas a que presenten presupuestos y resulta adjudicataria el más económico.
El 22 de junio de 2016 «un empleado del órgano de contratación [el Consell de Formentera]» le envió un correo electrónico a uno de los propietarios de la empresa Regio Plus, el denominado ‘gurú' de Mes Jaume Garau, donde le indica que le falta el presupuesto de Hidria (otra de las empresas que participaron en la licitación y la que finalmente resultó la adjudicataria del contrato) y le pide que se lo envíe.
Sorprende de esta situación que un empleado o político de la institución contratante (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no desvela su nombre ni ningún dato sobre esta persona) solicite a una empresa que opta a un contrato que le remita el presupuesto de otra empresa que lucha por ese mismo contrato.
Ese mismo día, el 22 de junio de 2016, la empresa Hidria (que competía con Regio Plus por el contrato del Consell), le remite un correo electrónico a la empresa rival en el que le informaba que ya había enviado su presupuesto al conseller de Economía, Bartomeu Escandell, en lugar de remitirlo a la Conselleria de Medio Ambiente, que es la que solicitaba el servicio.
En este sentido, desde el Consell explicaron que se le remitió la oferta a Escandell porque «durante la pasada legislatura formaba parte de los 14 proyectos estratégicos, que habían sido pactados por los grupos políticos como prioritarios, y por eso era desde la Conselleria de Presidencia desde donde se impulsaban y coordinaban todos estos proyectos de la isla».
Finalmente, el contrato se lo llevó Hidria por un importe de 17.887 euros.
Sobre la participación de un empleado o político de la máxima institución en este cartel empresarial, desde el Consell hicieron hincapié en que la única información que tenían sobre esta cuestión es la que había salido publicada en el informe de la CNMC.
‘Modus operandi'
El modus operandi de estas empresas, según el informe de la Comisión, era siempre el mismo. Una de las empresas es invitada por la Administración a participar en una licitación. Tras ello, se generan una serie de contactos entre las empresas competidoras que se instan y ofrecen a colaborar entre sí a través de lo que ellas mismas denominan ‘coberturas'; es decir, presentan ofertas ficticias (o renuncias) en las citadas licitaciones públicas. Esto genera una red de colaboración que altera el funcionamiento de la licitación y la adjudicación del contrato.
En ocasiones, la propia empresa solicitante de la cobertura es la que se encarga de proponer a la administración las empresas a invitar, e incluso elaborar todas las ofertas económicas a presentar por las empresas invitadas o, en su caso, de preparar la carta de renuncia o declinación a la invitación cursada por la Administración.
Las dos empresas condenadas por cartel obtuvieron contratos menores en 2016 con la institución formenterense, especialmente Regio Plus Consulting, propiedad de Jaume Garau, que obtuvo un total de cinco encargos para diferentes áreas de la institución. Del patronato de Turismo recibió el encargo de realizar un Barómetro de satisfacción de los turistas que visitaban la isla por un importe de 11.900 euros más IVA. De Medio Ambiente recibió el encargo de asistir a la preparación de la regulación del fondeo y de asistir a la implementación del citado fondeo por importes de 1.600 euros más IVA y 10.680 euros más IVA respectivamente. Del área de Movilidad también obtuvo dos contratos: la realización de un estudio de mejora del servicio de transporte marítimo por 2.450 euros más IVA y la elaboración de la ley de impuesto de vehículos por 13.350 euros más IVA.
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