Según han indicado en un comunicado, el 15 de octubre de 2018 finalizaba el plazo para rendir la cuenta general. Pese a llevar a cabo dos requerimientos formales, el 16 de octubre y el 9 de noviembre, las entidades locales no han presentado la cuenta todavía.
Concretamente, los ayuntamientos afectados son los de Palma, de Binissalem, de Muro, de Alaró, de Esporles, de Sineu, de Montuïri, de Petra, de Llubí, de Maria de la Salut, de Sant Joan, de Puigpunyet, de Santa Eugènia, de Mancor de la Vall, de Fornalutx, de Banyalbufar y de Estellencs.
Asimismo, también falta por presentar sus cuentas generales de 2017 la Mancomunidad de es Raiguer y la de Tramuntana.
El SCIB ha indicado que, según la Ley de transparencia, «la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de cualquier acción política».
«La consecuencia más grave de la falta de rendición de cuentas es que no permite la fiscalización de la actividad pública que tienen encomendada por ley los órganos de control externo y, así, se impiden sus efectos, que son la contribución a la regeneración democrática necesaria, la promoción de la eficiencia y la eficacia de lasentidades públicas y el favorecimiento del crecimiento económico», han manifestado.
En caso de incumplimiento de rendición de las cuentas, la normativa contempla la posibilidad de retener las transferencias derivadas de la participación en los tributos estatales y la consideración de infracción muy grave en materia de gestióneconómico-presupuestaria con el consecuente establecimiento de sanción.
Finalmente, han advertido que el Tribunal de Cuentas realizará requerimientos conminatorios a los presidentes de entidades locales que no hayan rendido la cuenta general, que pueden comportar, en su caso, la imposición de multas coercitivas para impulsar su cumplimiento.
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