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«Es una evidencia que la competencia directa no la ejercía yo, sino la conseller de Medi Ambient y la conselleria responsable de Recursos Humanos. El presidente no se lava las manos, pero las cosas son así». Con estas palabras, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, descargaba su responsabilidad sobre el proceso de contratación y apuntaba a Silvia Tur y Sònia Cardona -responsables de las citadas consellerias en 2013- como responsables del bolsín de bomberos por el que Ferrer declaró ayer en calidad de investigado ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza.

Jaume Ferrer y el gerente de la corporación insular, Isidor Torres, que estaban citados como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa, llegaron a los juzgados minutos antes de la 10.00 horas y comparecieron durante una hora ante ante la juez Carmen Martín. A la salida de los juzgados, el presidente del Consell reconoció que no esperaba el varapalo judicial que supuso la sentencia del Contencioso Administrativo, pero aseguró estar «tranquilo, pero no satisfecho porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears no fue en el sentido que esperábamos» y quedó a la espera de que el caso se «resuelva definitivamente».

Informes técnicos y jurídicos

Preguntado sobre si su declaración dejaba en mal lugar a las conselleres, Ferrer remarcó que todas las decisiones se tomaron «teniendo en cuenta los informes técnicos y jurídicos de la casa. El presidente lo que hace al inicio de la legislatura es delegar unas competencias en todos sus consellers, que ejercen unas competencias», argumentó Ferrer, quien añadió no poder decir «por qué se hicieron unas cosas o por qué se hicieron otras».

En este sentido, el jefe del Consell de Formentera indicó que los bolsines se crean para ir cogiendo a los aspirantes «según las necesidades».

Respecto a las decisiones tomadas para la selección de los candidatos al cuerpo de bomberos, Ferrer indicó que se tomaron «teniendo en cuenta los informes jurídicos elaborados por los técnicos de la institución» y reconoció que el proceso se había «dilatado más de lo necesario».

Además, hizo hincapié en que las cosas no se hicieron por «capricho», sino que el reglamento aprobado por la máxima institución de Formentera daba cuatro meses para que aquellos aspirantes que no tenían el carnet C -el correspondiente a camiones- pudieran sacárselo: «Si no lo sacan, el Consell considerará si lo contrata o no, pero no dice que los tenga que expulsar», puntualizó.

Jaume Ferrer indicó que había contestado a todas las preguntas de la magistrada y de la acusación y recordó que todavía está vivo el recurso que la institución presentó ante el Supremo.

La exconsellera de Medi Ambient de Formentera y actual parlamentaria, Silvia Tur, rehusó hacer cualquier tipo de declaración a este medio. Fuentes de la acusación apuntaron ayer que solicitarán la citación de las aludidas.

El juzgado también había realizado una providencia en la que reclamaba al Consell Insular de Formentera que aportase los contratos formalizados en el seno del cuerpo de bomberos con las personas que no forman parte del bolsín de contratación de 2013.

EL APUNTE

El TSJIB remitió a la Fiscalía la investigación por prevaricación

LaFiscalía actuó a raíz de la primera sentencia condenatoria contra el Consell de Formentera. El juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma remitió aquel primer auto a la Fiscalía para que investigase la «posible comisión de hechos delictivos ante la admisión de aspirantes y posterior contratación, careciendo de requisitos para ello, así como, específicamente, respecto de la paralización injustificada de nombramiento durante más de un año resultando en la contratación». El juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma, en una sentencia del 20 de marzo de 2016, condenó al Consell Insular de Formentera a reconocer la contratación de R.C.L., como bombero colaborador del Consell desde el 7 de enero de 2013 y abonarle la cantidad de 80.199 euros, más los intereses legales. La cantidad fue reducida a unos 57.000 euros tras un recurso del Consell pero se siguió investigando la prevaricación.

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