Terrenos de Punta Prima donde la propiedad pretendía levantar en 2012 un complejo vacacional. | Archivo

Tres meses después de celebrar el archivo del ‘caso Punta Prima, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y cuatro de sus consellers en la primera legislatura de la máxima institución insular, han pasado esta semana por los juzgados de Ibiza para declarar ante la jueza de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Felisa Vidal, después de que haya admitido a trámite el recurso de apelación presentado por la empresa Sunway S.L.

Con la reapertura del caso ‘Punta Prima’, se vuelve a investigar a los cinco consellers de Gent per Formentera que formaban parte del equipo de gobierno que aprobó las normas subsidarias en 2010 (Sònia Cardona, Bartomeu Escandell, Jaume Ferrer, Josep Mayans y la ahora diputada Sílvia Tur) por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental al limitar la edificabilidad de la zona que la normativa reconoció como urbana pero solo para uso residencial, con lo que imposibilitaba la construcción de una ciudad de vacaciones en Punta Prima, un proyecto ideado por el empresario Leo Stöber, quien ha contratado los servicios como abogado del exfiscal anticorrupción Pedro Horrach.

Además de los miembros de Gent per Formentera también han pasado por los juzgados de Ibiza siete trabajadores públicos que desarrollan funciones administrativas en áreas relacionadas con la tramitación de las Normas Subsidiarias.

En el auto de archivo del pasado mes de abril se acordaba el «sobreseimiento libre y el archivo definitivo por no constituir los hechos objeto de delito» del ‘caso Punta Prima‘, y añadía que «la formación de la causa no perjudique la reputación de los querellados».

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En su día Stöber anunció que pediría una indemnización de 29 millones de euros al Consell de Formentera si finalmente no podía levantar su complejo turístico en Punta Prima.

LA NOTA

Jaume Ferrer sacó pecho en abril del archivo de la causa

El promotor Leo Stöber, propietario de la entidad Sunway SL, interpuso el 1 de febrero de 2012 una querella acusando de prevaricación administrativa a los consellers del grupo de Gent per Formentera por haber reducido la edificabilidad de unos terrenos en la zona de Punta Primay dar al traste con el complejo turístico que había ideado. En abril de 2017, el TSJIB archivó la causa y Jaume Ferrer sacó pecho en el pleno ordenario de la institución celebrado ese mismo mes. «Es una sentencia con un texto contundente, que no deja lugar a dudas que las cosas aquí se hacen de acuerdo a Ley. Formentera es un lugar goloso porque atrae turismo y se desarrolla una actividad económica importante. Pero Formentera es de todos, y las instituciones debemos protegerla», señaló el presidente insular.