Los consellers han valorado el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, que anula la nueva delimitación de los cascos históricos de Sant Francesc, Sant Ferran y La Mola.
Esta normativa, según han recordado, fue aprobada en 2010 por parte del equipo de gobierno que en aquellos momentos formaban los grupos Gent per Formentera y PSOE.
Los consellers han destacado la necesidad de priorizar tres aspectos concretos, y además de la seguridad jurídica para todos los afectados, exigen consenso de cara a la futura revisión normativa urbanística y la reclamación de las correspondientes responsabilidades políticas.
En cuanto al primer aspecto, José Manuel Alcaraz y Gabriela Mayans han señalado que, a raíz de este pronunciamiento judicial, todas las licencias otorgadas desde 2010 en los núcleos urbanos quedan en un "limbo legal" y precisan que se las dote de seguridad jurídica.
Según han recordado, debido al fallo inicial del TSJB de 2014, se encuentran en suspensión desde entonces todas las licencias solicitadas para obra mayor, segregaciones, unidades de actuación y licencias de actividades.
Para el PP, esta situación enmascara una "moratoria encubierta" que los populares han venido denunciando reiteradamente y que el actual grupo gobernante, GxF, "ha negado de manera sistemática" hasta que "se dio de bruces con la realidad a partir de la suspensión de licencias".
Por otro lado, Alcaraz y Mayans han recordado que GxF se presentó a las elecciones prometiendo la elaboración de un Pacto por el Territorio con el objetivo de que estos temas se debatieran en el seno del Consell d'Entitats.
"Sin embargo, este compromiso no se ha cumplido, ni tampoco el referente a la prohibición de construir en ANEI", según han dicho.
El PP ha asegurado que tiende "de nuevo" la mano a GxF para llegar a acuerdos sobre el futuro urbanístico de la isla, como ya hizo en 2010 y en 2014, coincidiendo con la reforma del PTI y con la primera sentencia contraria.
En ambos casos, la oferta de diálogo y colaboración del PP fue rechazada, según ha dicho Alcaraz, pero es de esperar que "a la tercera vaya la vencida y lleguemos a un acuerdo, que es lo que pide la gente en estos tiempos".
Para Alcaraz, "la soberbia de GxF les ha hecho seguir un camino de unilateralidad que ha derivado en esta situación crítica y negativa, haciendo gala de una pésima gestión que, lamentablemente, mantiene paralizados varios proyectos educativos importantísimos", entre los que el portavoz ha citado la nueva escuela de Sant Ferran, la nueva escoleta de la misma localidad y la nueva escuela de Primaria Verge Miracolosa, en Sant Francesc.
Asimismo, ha lamentado que el equipo de gobierno del Consell no ha continuado trabajando en un plan alternativo ante la expectativa de que el TS no admitiera su recurso.
De hecho, han transcurrido dos años desde la sentencia inicial y la administración insular se ha limitado, como ha apuntado Alcaraz, "a esperar y mirar a otro lado.
También han considerado que el presidente del Consell debe decidir qué responsabilidades políticas corresponde asumir, porque "mirar hacia otro lado y limpiarse las manos no sirve en estos momentos.
Cuando se promulgó la primera sentencia, en 2014, el PP ya pidió la destitución del conseller de Urbanisme, pero no se nos hizo caso diciendo que esto se arreglaría con el recurso ante el Tribunal Supremo", ha concluido.
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