Ferrer lamenta la «mala práctica» del Gobierno con el deslinde

Un hecho que obligó a una reunión urgente y extraordinaria de la Junta de Portavoces del Consell Insular y a un análisis del documento junto al letrado Ángel Navarro con el objetivo de conocer las consecuencias del dictamen.

Según explicó el president del Consell Insular, Jaume Ferrer, en la rueda de prensa posterior al encuentro y en la que adelantó a los periodistas que no habría turno de preguntas, «desde la institución aceptamos y acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la ley» y añadió que, «el vocabulario y la contundencia de la sentencia evidencia que los trabajos para modificar el antiguo deslinde se han hecho mal y no han sido suficientemente justificados por parte de la abogacía del Estado». En este sentido Ferrer destacó, «la mala praxis por parte del Gobierno Central que no contó con el Consell de Formentera a la hora de redactar la nueva delimitación de Costas de la isla y que se tradujo en una queja que hemos reiterado al Partido Popular en los últimos cuatro años».

En su alocución Ferrer expresó además que, «desde el equipo de gobierno consideramos que se trata de una sentencia dura e injusta para los propietarios de viviendas afectadas por lo que seguiremos en la línea de trabajo para que recuperen sus propiedades y llegar de nuevo al consenso original al que hoy, (por ayer), no se ha podido arribar dada la negativa del PP de Formentera».

Opiniones encontradas

Para la portavoz del PP de Formentera, quien fue presidenta de la Plataforma de Afectados hasta las pasadas elecciones municipales, Gabriela Mayans, «esta sentencia del Constitucional sale a raíz de un recurso presentado por el PSOE contra la modificación de la Ley de Costas y en particular sobre la disposición adicional cuarta referida al deslinde de Formentera». «Si este recurso no se hubiera presentado no estaríamos aquí, cuando siempre se ha abogado por una solución dirigida a un deslinde justo para la isla y que protegiera la propiedad privada y el entorno natural», señaló la consellera popular quien destacó además, «los más de 25 años de reivindicaciones y sufrimientos de las familias afectadas, un centenar, que se vuelven a encontrar en una situación de incertidumbre en cuanto al futuro que les espera ante esta sentencia que constituye un golpe muy duro pero seguiremos trabajando para llegar a un acuerdo y que desde Madrid se entienda la excepcionalidad de Formentera». Mayans declaró también, y con respecto a la argumentación del equipo de gobierno relativa a que no se ha tenido nunca en cuenta la postura insular sobre este asunto que, «se trata de aspectos distintos ya que hablamos de una ley nacional y el Gobierno central no tiene porqué preguntar a un Ayuntamiento».

Asimismo desde la Agrupación Socialista de Formentera su portavoz, Rafael Ramírez, declaró ante los medios que, «la sentencia es demoledora y apunta a que se utilizan criterios arbitrarios y privilegios que se consideran inconstitucionales y que contravienen, incluso, normativas internacionales».

«Esta ley del PP que pretendía solucionar el problema del deslinde de Formentera no ha hecho más que agravarlo a través de una mala praxis y un pésima gestión y creemos que ha sido una tomadura de pelo a los afectados y hoy hemos sido testigos una vez más de la rotura del consenso por parte del PP formenterés en este tema», apuntó Ramírez.

Por su parte la consellera de Compromís per Formentera, Cristina Costa, consideró que «estamos consternados ante una sentencia tan contundente pero no queda más que acatarla, aunque consideramos que ha habido una defensa pobre por parte de la abogacía del Estado, algo que lamentamos y debemos estar unidos para encontrar una solución».

Desde Gent per Formentera, la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Labrador, opinó que, «es una sentencia clara y que remarca que el proceso no ha sido bien hecho desde el inicio y esperamos retomar el consenso y establecer vías para solucionar este problema».