R.I. / M.V.Formentera21/10/15 0:00
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El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha dado la razón al Consell de Formentera por excluir dos ofertas de un concurso público para la explotación de servicios de temporada en una playa entre 2013 y 2020.

Según informó ayer la administración insular en una nota, las excluidas recurrieron una sentencia que confirmaba el acuerdo de pleno del Consell de Formentera del pasado 14 de junio de 2013, que decidió aprobar la exclusión de ambos lotes.

Según indica el Consell insular, el TSJIB considera que los motivos de la exclusión están fundamentados, ya que la administración ha constatado que «el recurrente no había acreditado su solvencia técnica y su oferta no era la más ventajosa».

Por lo tanto, el gobierno de Formentera destaca que la sentencia reconoce que el Consell «hizo una licitación correcta» e impone las partes apelantes.

Contra la resolución no caben nuevos recursos.

Cabe recordar que el Consell de Formentera recibió en diciembre del pasado año las notificaciones sobre las dos primeras sentencias referidas al proceso de licitación de los servicios de playa, sujetos a adjudicación de la Demarcación de Costas, que realizó en 2013. Las dos sentencias, que fallaron a favor de la institución, fueron por recursos presentados por Marcos Negrón y Riusados SA.


LA NOTA

El Consell ve “inasumible” comprar s'Espalmador

En relación a la noticia de la venta del islote de s'Espalmador por 24 millones de euros, publicada ayer por Diario de Ibiza, el conseller de Presidencia del Consell, Bartomeu Escandell explicó a la consulta de este rotativo que la máxima institución de la pitiusa menor “siempre mira por conservar el patrimonio”. “en este caso es un Bien de Interés Cultural (BIC) en propiedad privada y serán los propietarios los encargados de hacerse cargo del coste de la restauración, lo que no quita que el Consell pueda colaborar al tratarse de un bien patrimonial”.

Con respecto a la posible venta del islote por parte de la familia propietaria, Rosy y Norman Cinnamond, Bartomeu Escandell señaló que “el precio que han fijado los propietarios, 24 millones de euros, es inasumible por parte del Consell”. No obstante, el representante institucional cree que se deben estudiar todas las fórmulas para preservar el islote de otro tipo de intereses que amenacen su patrimonio: “No descartamos que pueda ser otra administración la que colabore en su adquisición y cabe recordar que este espacio está absolutamente protegido en materia de legislación mediambiental”.