Esto supone que durante el año pasado se inició un expediente por infracción urbanística cada 4,7 días o uno cada 3,2 días, un cálculo realizado sobre días laborables, según informó la máxima institución insular.
De estos expedientes, 14 finalizaron con orden de demolición y 19 en legalización, sea por la obtención de la licencia pertinente o por el hecho de volver la edificación al estado anterior, mientras los 44 restantes se encuentran en fase de tramitación.
Asimismo, el año pasado se llevaron a cabo 28 expedientes sancionadores, de los que se han finalizado nueve por valor de 280.000 euros.
Según informaron desde el Consell, «en este sentido hay que tener en cuenta este punto ya que desde la entrada en vigor de la Ley 2/2014, de Ordenación y Uso del Suelo en Balears, los expedientes sancionadores se inician cuando finaliza el trámite de restablecimiento de la legalidad».
Cabe recordar que en el año 2013 se iniciaron 72 expedientes de infracción urbanística, cinco menos que en 2014, de los cuales 29 finalizaron en orden de demolición y 37 pudieron legalizar su situación, sea por la obtención de la licencia adecuada o para devolver estado original a la edificación. En dicho año se abrieron además 42 expedientes sancionadores de los cuales finalizaron 11 por valor de 95.000 euros.
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