El documento elaborado desde Formentera pedía la disolución y liquidación de la Agencia de Turismo Balear, la transferencia de los medios personales, materiales e inmateriales de dicho organismo, así como solicitar una memoria justificativa de este ente de los últimos 5 años para determinar la cantidad que se ha de repartir entre las cuatro islas y su coste efectivo.
Ferrer apuntó además que, «en vez de los 600.000 euros fijos que propone el Govern a repartir entre cada una de las islas, se establezca una partida fija de una tercera parte del montante total a distribuir entre las cuatro islas. Asimismo, desde Formentera solicitaron que se cree una infraestructura con una partida económica para cada isla, con el objetivo de poder llevar a cabo los parámetros básicos en materia promocional, teniendo en cuenta a las islas con más estacionalidad, como Formentera.
En este sentido, Ferrer destacó que seguirán rechazando unas propuestas que «nos parecen injustas para Formentera». «Además, estaremos vigilando que el dinero que le corresponde a la isla se invierta en una mejora de los stands, para evitar que las fotos que reflejan a Formentera no sean de playas del Caribe en las ferias internacionales, una aplicación cuyo coste supera los 5 millones de euros», apuntó Ferrer, que destacó estar «orgullosa» por pertenecer «a un partido insular que defiende los intereses de nuestra isla y no tiene que depender de lo que se decide en Mallorca».
Las enmiendas fueron rechazadas, por lo que desde los servicios jurídicos del Consell se estudia presentar un recurso contencioso administrativo ya que, según aseguran, «la propuesta enviada por el Govern sobre el traspaso de competencias en materia turística no cumple lo que establece el Estatut de Autonomía, ni lo que indica la Ley de Financiamiento, ni los mandatos del Consell Consultiu».
El letrado del servicio jurídico del Consell, Josep Costa, apuntó también que se está estudiando llevar a cabo «acciones legales» una vez se apruebe definitivamente la iniciativa del Govern, ya que «lo que se ha aprobado va en contra de la legislación. «Solo se remiten a cuantías económicas, pero no a dotación de personal o bienes, como manda la ley y, en materia de montante, este es muy inferior a lo que realmente se debe de traspasar a cada isla».
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