El PSOE, contra la Justicia y contra la Constitución

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó ayer en un acto del PSOE en Jaén que «es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes». Con esta ligereza rayana en el analfabetismo jurídico, Montero pone en entredicho uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho: la presunción de inocencia.

El principio de presunción de inocencia está consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Este principio establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio con todas las garantías legales. Sin este fundamento, el sistema penal se transformaría en un proceso inquisitorial, en el cual la carga de la prueba recae sobre el acusado y no sobre la acusación, que es a lo que parecen aspirar algunas, cuando la denunciante es –o manifiesta sentirse– mujer. En este caso, la carga de la prueba debe invertirse y quien debe demostrar su inocencia es el acusado y no la acusadora.

Las palabras de Montero, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sobre el recurso por el caso del futbolista Dani Alves, son alarmantes, pues no provienen de una tertuliana de Sálvame, ni fueron proferidas por una desconocida en la barra de un bar. La también secretaria general del PSOE de Andalucía y ministra de Hacienda, sugiere que el testimonio de una presunta víctima debe prevalecer sobre la presunción de inocencia del acusado. Para ella, la simple acusación es suficiente para condenar, un escenario completamente ajeno a la democracia y a la legalidad nacional e internacional.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11, establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Y el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

Es innegable que las víctimas de agresiones sexuales merecen protección, apoyo y una investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos. Sin embargo, esa protección no puede ir en detrimento de los derechos de los acusados, pues el sistema judicial debe garantizar un equilibrio entre la defensa de los derechos de la presunta víctima y el respeto a la presunción de inocencia del acusado. Es el juez, no la opinión pública ni los partidos políticos ni el Gobierno, quien debe determinar la culpabilidad o inocencia, basándose en pruebas sólidas y contrastadas.

Lo más grave de las palabras de Montero no es solo su contenido, sino el hecho de que provengan de una de las máximas representantes del Gobierno. En un Estado de Derecho, los poderes del Estado deben actuar con prudencia y respeto por las instituciones. La injerencia del Ejecutivo de PSOE y Sumar, que preside Pedro Sánchez, en el Poder Judicial, es un problema grave en la política española, pero declaraciones como esta hacen encender todas las alarmas de hacia dónde se dirige el país.

El PSOE debería mostrar un mínimo respeto a la separación de poderes, algo que ya hace años que no hace, y de evitar que sus miembros socaven los principios básicos del ordenamiento jurídico. En este sentido, lo más adecuado sería que Montero presente su dimisión. Lamentablemente, la falta de autocrítica y la tendencia a justificar cualquier declaración de sus dirigentes, es la norma en el partido sanchista. Los ministros, también Montero, dicen un día una cosa y al siguiente la contraria, sin ruborizarse. Y actúan como arietes de oposición a los gobiernos autonómicos.

Pero lo que ayer dijo María Jesús Montero es extremadamente grave y no tiene precedentes. La dimisión es una respuesta apropiada a la gravedad de sus palabras. Y el PSOE debería reflexionar sobre su mimetismo con Junts, ERC y Sumar en su guerra, primero contra los tribunales, y ahora contra la propia Constitución.