Joan Boned Roig
Joan Boned Roig

Exconseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear

Tribuna

Siguen sin enterarse

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No se viene reduciendo en lo más mínimo la problemática de la vivienda en las Pitiusas. Siguen apareciendo múltiples quejas de trabajadores a quienes se les ha ofrecido un contrato de trabajo y que van a renunciar al mismo por no poder pagar el alquiler de una vivienda en la que vivir con un mínimo de dignidad durante la duración del citado contrato. Cada día son más los funcionarios que se ven obligados a venir a Eivissa a ocupar una plaza y, o bien ya saben que van a tener que vivir o dormir en el coche, o no tienen más remedio que renunciar a la plaza que han obtenido.

Todo sigue empeorando y cada vez está más claro que no existe la menor voluntad política de afrontar y combatir la problemática de la forma que la grave situación requiere. Tanto derecha como izquierda siguen haciendo la guerra cada uno por su cuenta, despreciando y aparcando cualquier idea del rival político. Siguen contemplándose el ombligo y demostrando su incapacidad para afrontar una situación que ya es claramente dramática. El egoísmo político de nada sirve a la hora de solucionar la gravísima cuestión.

Se sigue utilizando el estado de desesperación de muchas personas para mezclar distintas cuestiones entre las propuestas que se van haciendo sobre vivienda. Se siguen haciendo convocatorias de supuestas mesas de trabajo que deben aportar soluciones definitivas; del mismo modo que se siguen haciendo anuncios grandilocuentes de acuerdos que van a suponer un cambio radical en la desesperante situación.

Siguen todos ellos sin entender que lo que vaya a hacer o plantear cada uno por separado, de poco o nada va a servir para solventar el problema. La avaricia por obtener cada vez mayores ingresos y de la forma más rápida, así como la descarada especulación que se sigue practicando con algo que viene recogido en la Constitución Española como un derecho; están muy por encima del efecto que puedan tener las insuficientes y en muchos casos absurdas propuestas que los diferentes partidos políticos están dispuestos a aplicar.

Esta misma semana se ha anunciado a bombo y platillo la firma de un nuevo acuerdo entre el Consell d’Eivissa y la plataforma Airbnb. Según dicho acuerdo a partir del próximo mes de abril a los que quieran anunciar viviendas para el alquiler turístico o de corta duración, se les exigirá la publicación del correspondiente número de registro otorgado por la institución insular, que les autorice a realizar dicha actividad, por la que vienen obteniendo suculentos beneficios al no existir el más mínimo control de los precios que se cobran por los mismos.

Junto al anuncio del citado nuevo acuerdo de colaboración entre el Consell y la plataforma de alquileres, se ha lanzado también el mensaje de que ello va a suponer un antes y un despues en la lucha contra la piratería en el alquiler turístico. ¿En serio alguien cree que tal acuerdo sea el obstáculo definitivo a que se siga produciendo la deleznable especulación con la vivienda residencial?

Muy pardillo hay que ser para pensar o creer que esta exigencia por si sola vaya a parar definitivamente las ansias de enriquecimiento de aquellos propietarios que especulan con sus propiedades. Hay muchas más plataformas o sistemas a través de las redes sociales que están fuera del control de Airbnb, por muy grande e importante que esta sea.

Para avalar la eficacia del acuerdo, se han expuesto una serie de cifras que supuestamente lo demuestran. Se afirma que antes había unos 4.500 anuncios de alquiler turístico en la isla y que ahora esa cifra se ha reducido a 3.300. De estos el 50% siguen siendo ilegales y por tanto sin registro alguno para tal actividad.

Dos cuestiones a tener en cuenta y que van directamente ligadas a esta cifra ofrecida por el Consell y la plataforma Airbnb. Por un lado cabe señalar que si bien se ve que los anuncios se han reducido en más de 1.000, ¿por qué se siguen manteniendo y anunciando más de 1.200 irregulares? Si ya se sabe que no tienen licencia para tal actividad, podrían haberse liquidado ya de la plataforma. Además sigue resultando incomprensible que se pueda exigir un número de registro para realizar determinada actividad y a día de hoy siga sin poder precintarse la vivienda que está realizando la citada actividad sin permiso alguno.

Por otro lado y tomando como referencia esa última cifra de 3.300 viviendas anunciadas en la plataforma para su alquiler temporal; parece claro el impacto que la aceptación del uso de las viviendas residenciales como establecimientos turísticos, viene teniendo en la problemática del acceso a vivienda que afecta tanto a residentes, como a trabajadores de fuera de la isla. 3.300 viviendas ya construidas puestas en el mercado del alquiler a un precio razonable, permitiría dar un gran paso adelante en la resolución del problema.

Parece claro que no hay más ciego que el que no quiere ver. La ineptitud y la incapacidad siguen siendo las dueñas de los partidos políticos de ambos bandos. Siguen sin entender nada.