Conocerán el cuento de la Cenicienta, obra del napolitano Giambattista Basile al que posteriormente siguieron dos versiones más populares de la mano del francés Charles Perrault en 1697 y de los alemanes hermanos Grimm en 1812. Todas ellas, si bien con elementos diferenciadores según el origen y tradición de sus autores, presentan elementos comunes, como su protagonista, una bella y joven huérfana de madre maltratada y humillada por su temible madrastra y sus malcriadas hermanastras que le hacen vestir ropa sucia y vieja mientras le encomiendan la realización de las más duras tareas domésticas.
Como en la fábula, la justicia en nuestro país es la Cenicienta de la administración pública. Andrajosa, polvorienta y maloliente, dispone de instalaciones deficientes, de medios tecnológicos rudimentarios y de un personal insuficiente. A pesar de integrar uno de los tres poderes del Estado y constituir el pilar esencial en la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos, es constantemente atacada y humillada desde los más diversos ámbitos. Tan solo se le presta atención cuando conoce de determinadas causas de especial interés exclusivamente para los que manejan el cotarro, que no así para el ciudadano de a pie, que observa indignado como la resolución de sus procedimientos se demora más allá de lo deseable.
Sin ir más lejos, en nuestro partido judicial se dispone de un único equipo psicosocial para la elaboración de informes necesarios para la resolución de procedimientos que afectan a menores, encontrándose muchos de ellos paralizados por la falta de los mismos. Se ha reivindicado desde hace años un segundo equipo que todavía seguimos esperando. El servicio común de actos de comunicación y ejecución, encargado de llevar a cabo los lanzamientos para que los propietarios recuperen sus viviendas, dispone de escasos efectivos, por lo que éstos se dilatan en el tiempo. El Juzgado de lo Social, único que conoce de procedimientos en materia laboral en Ibiza, se encuentra colapsado ante el inusitado incremento de la litigiosidad, por lo que actualmente están señalando sus juicios a dos años vista. Desde hace tiempo se ha reivindicado la creación de un segundo juzgado. Incluso el CGPJ lo recogía en su informe de 2024 como uno de los 123 más necesitados de creación dentro de los 421 totales requeridos para dar plena satisfacción a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, ni uno solo de ellos se ha creado aún. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ibiza, que entró en funcionamiento el 1 de abril de 2024 y se especializó por voluntad de los propios jueces en materia de familia e incapacidad, no dispone, tras un año de vida, de juez titular. La plaza salió a concurso y quedó desierta, como era de esperar dado el alto nivel de vida y dificultad de acceso a la vivienda en nuestras islas, siendo atendido desde su creación por un juez titular de otro juzgado distinto que debe gestionar con dificultad dos juzgados a la vez.
Como saben, el nuevo edificio judicial se encuentra ejecutado parcialmente en un 66%, quedando pendiente de construir el resto desde hace cinco años. En la zona que está por realizarse se ubicarían los seis juzgados de primera instancia que, en la actualidad, se encuentran desterrados en el edificio CETIS, arrendado a cambio del pago de una elevadísima renta. La consecuencia es la existencia de dos sedes judiciales distintas y distantes, con los inconvenientes que de ello se deriva para los profesionales y, sobre todo, para los ciudadanos, a lo que hay que añadir el coste que supone para todos gastar en alquiler lo que podría destinarse a finalizar las obras. Cuestión a parte es que a algún iluminado se le ocurriera diseñarlo sin parking estando en pleno centro de la ciudad, lo que obliga a los jueces a tener que estacionar sus vehículos junto a los de aquellos ciudadanos a los que, acto seguido, van a juzgar o condenar. El ayuntamiento, al que se ha solicitado un vado como el que ocupa la fachada de la Casa del Mar donde se ubica la Delegación de Gobierno, no ha abierto el pico, salvo para ceder viviendas en Sa Peña a funcionarios de un concreto sector. Ya ven quienes son las terribles hermanastras y quien la joven huérfana a la que se puede ningunear.
Por si faltara algo, el plus de insularidad que se abona a los funcionarios de la Administración del Estado destinados en nuestras islas no llega a los 100 euros mensuales, cantidad que difiere sustancialmente de la que perciben en Canarias, Ceuta o Melilla. Por eso nuestro territorio es un destino poco apetecible para quienes conforman sus cimientos, pues con su limitado salario difícilmente podrán acceder a una vivienda mínimamente digna tal y como está el patio. Quien viene lo hace obligado y sale picando espuela en cuanto puede, con la inestabilidad e inexperiencia que ello conlleva en las plantillas. Primero se establecieron plazas de difícil cobertura en materia sanitaria y educativa con una mayor retribución. Ahora los funcionarios de la administración autonómica van a disfrutar de este incremento del plus insular e incluso parece que también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El resto que se apañe como pueda.
Este maltrato no es nuevo. Se ha sufrido desde siempre. La justicia no ha interesado nunca y no se ha invertido en ella. No entiendo el motivo, la verdad, porque dinero hay, pero parece que solo para algunas cosas. Porque ya se encarga la Administración Tributaria, con sus flamantes edificios y medios tecnológicos, de recaudar fondos de nuestros bolsillos. Pero, ¿y en qué se gasta entonces el parné? Miren, el BOE del 28 de septiembre de 2024 publicaba la Orden por la que se nombraba «una directora del gabinete del director del gabinete de la Presidencia del Gobierno». No, no se trata de una errata. Lo grave es que este puesto no es nuevo. Ha existido en los diferentes gobiernos desde 2005. A ello súmenle los cientos de asesores y altos cargos del gobierno que se chupan más de ciento sesenta millones de euros anuales del presupuesto, supongo que, incluidos también, los emolumentos de Jessica, la novieta de book del exministro. Tan solo la Presidencia dispone de 471 asesores con un coste que supera, ojo al dato, el del mantenimiento anual de toda la UME, unidad cuyo tardío envío a Valencia debían estar decidiendo entre todos ellos. Así nos fue.
Aunque el trato que le dispensan a Cenicienta es cruel y despiadado, ella siempre, al igual que nosotros, conserva de forma inquebrantable la idea de que algún día sus deseos de felicidad se harán realidad. Pero si realmente se quiere que la historia de esta Cenicienta judicial finalice tan idílicamente como la del cuento deben adoptarse de forma urgente algo más que meros remiendos o parches. Y no, no me refiero a eso de que la bella joven dejó tirado al príncipe en el baile sin darle su número de teléfono antes de que la carroza se convirtiera en calabaza y los corceles en ratones, sino a aquello de «y fueron felices y comieron perdices». En caso contrario ya saben, «colorín colorado este cuento…».
1 comentario
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Soy seguidor de sus artículos. Me parecen geniales y refrescantes en la manera de denunciar y explicar temas que nos afectan. En referencia a este, los trabajadores del Ayuntamiento de Santa Eulària también se preguntan constantemente que hace el equipo de gobierno con nuestro dinero a parte de no mejorar las condiciones retributivas que tienen, sobre todo por el enorme costo que es vivir en Santa Eulària, donde solo ha gobernado un partido y por lo tanto solo hay un responsable. Que otras administraciones insulares con menos presupuesto anual tengan a sus trabajadores contentos de manera retribuida no tiene ningún sentido para el funcionario de Santa Eulària, a parte de ningunear al trabajador, como buen partido de derechas, y sabotear así el buen gobierno y funcionamiento de esa administración. Solo se llega a esa conclusión después de ver y sentir todo lo que han sufrido sus trabajadores.