Okupación y desvergüenza política

Resulta hasta indignante tener que proteger la propiedad privada y rebatir los planteamientos de aquellos que viven de los impuestos de los ciudadanos, como es de Angy Roselló y Antonio Lorenzo, grandes defensores en Sant Antoni de la okupación porque, según dicen, es la respuesta a la falta de vivienda y a los precios desmesurados de los precios inmobiliarios.

Indigna también escuchar cómo dirigentes de Podemos y de Més per Mallorca restaban importancia hace unos días en IB3 Radio a la okupación al señalar que las viviendas asaltadas por estos delincuentes suponen menos del 0,07 por ciento de los inmuebles censados en Balears. ¿A partir de qué porcentaje consideran estos dos partidos que hay que actuar? ¿Cuándo llegue al 20 por ciento? ¿O cuando sus propias viviendas sean okupadas mientras ellos estén de vacaciones o deban pasar unos días en un hospital por una enfermedad?

Países que hasta hace pocos años considerábamos tercermundistas protegen más la propiedad privada que el Gobierno de Sánchez. Es importante resaltar que para echar a un okupa hay que hacerlo antes de que se cumplan 48 horas de que se haya producido el asalto. Si un okupa consigue demostrar que lleva más de dos días en un inmueble, y para ello le basta el ticket de un servicio de comida a domicilio, ya hace falta la actuación judicial para que se produzca el desalojo. Y para eso pueden pasar años. Mientras se produce okupación ilegal los propietarios no pueden cortar los suministros. Si lo hacen se enfrentan a un delito por coacciones. Los policías están atados de pies y manos.

Es cierto que faltan viviendas y que los alquileres están por las nubes en Ibiza, y en otras ciudades españoles, pero estas anomalías producidas por la falta de previsión e inacción política no pueden ser pagadas por ciudadanos como Vicente Riera, el vecino de Sant Antoni que ha sido víctima de la okupación por parte de una pareja de marroquíes. Si tanta pena le dan a la dirigente de Podemos de Sant Antoni estos okupas, ¿a qué espera para ofrecerles una habitación en su propia casa? ¿Se puede actuar realmente con tanto cinismo por un puñado de votos?

El episodio vivido en Sant Antoni el viernes es el claro ejemplo de que los ciudadanos se han hartado. Y por este motivo hay que aprobar con urgencia una ley que permita desokupar una vivienda sin plazos establecidos. El que está en un piso que no es suyo, a la calle rápidamente. Una vivienda es una propiedad privada y el dueño puede hacer con ella lo que considere oportuno, que para eso paga todos los impuestos que le exige la administración. Plantear lo contrario es un ataque al Estado de Derecho, tan maltratado en los últimos tiempos en este país.

Sin una ley que contemple okupaciones express habrá más revueltas vecinales como la vivida en Sant Antoni. Porque aunque los asaltos a las propiedades privadas no representen ni el uno por ciento del total del censo de viviendas, se está creando un clima de inseguridad que perjudica gravemente el mercado de alquiler. Por todas estas situaciones hay tan pocos pisos que se alquilan y los inmuebles disponibles tienen precios tan altos. No darse cuenta de que el problema va a más y que hay que solucionarlo es de una miopía política difícil de entender. Y una gran irresponsabilidad que suele pagarse en las urnas.