Opinión

Ley payesa

Un momento del desalojo del okupa de Sant Antoni. | Irene Arango

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Mientras el presidente Repelús Sánchez recibía en el palacio de la Moncloa y rogaba más armamento a una bilduetarra, el pueblo de San Antonio, recordando la Ley Pagesa y los tiempos en que no hacía falta cerrar puertas con llave y mucho menos contratar alarmas, se movilizaba espontáneamente para liberar una casa de la invasión okupa. De nuevo se escuchaba eso de que «solo el pueblo salvará al pueblo», que fue un clamor en Valencia ante la criminal negligencia de los marcianos políticos en la huerta y la meseta.    Como también sonó fuertemente el pueblo madrileño ante el encierro inconstitucional durante la plandemia corrupta en que tantos chorizos públicos se forraron, mientras el enterrador Illa ‘disfrutaba’ con su atroz gestión de la Sanidad.

El muro de Sánchez para dividir a los españoles es ya una realidad ante la separación del ciudadano y sus representantes políticos. La presión fiscal es insufrible, la especie autónomo está en claro peligro de extinción y muchas leyes que se dictan son delirantes, creando nuevos problemas en vez de ofrecer soluciones.

La sensación entre el pueblo es que se protege más a los okupas que al propietario como se defiende antes a un criminal que entra en la casa que a la víctima que osa defenderse. Y eso es muy peligroso para la paz social. Guardia Civil y Policía son muy conscientes de situaciones tremendamente injustas en las que se ven con las manos atadas. Y el pueblo, que todavía no está dispuesto a dejarse castrar por el wokismo y la anestesia ideológica de unos aprovechados mamones de la teta pública, a veces se harta y actúa.