El fenómeno de la okupación y su variante aún más preocupante, la inquiokupación (inquilinos que dejan de pagar y se atrincheran en la vivienda), han crecido de forma alarmante en los últimos años. Lo que más indigna a los propietarios no es sólo el aumento de estos casos, sino la inacción de un sistema legal que incluso protege a okupas y morosos.
Los procesos están llenos de trabas burocráticas y la lentitud de la justicia juega siempre en favor del okupa. Mientras, los propietarios siguen pagando hipotecas, impuestos y facturas de suministros, siendo víctimas de un marco normativo que los condena a la impotencia.
El caso de los inquiokupas es aún más escandaloso. Inquilinos que entran con un contrato legal pueden, simplemente, dejar de pagar y aferrarse a recursos legales que prolongan su estancia de manera indefinida. Si bien es necesario proteger a quienes realmente se encuentran en situaciones vulnerables, el sistema no puede descargar en los propietarios esa responsabilidad.
La ideologización del problema y la narrativa de que la vivienda es un derecho absoluto han distorsionado el debate. Sí, la vivienda es un derecho, pero concebido constitucionalmente como un principio rector que debe orientar la política del gobierno. La solución no pasa por criminalizar la propiedad privada, sino por una legislación ágil que proteja efectivamente a los dueños de inmuebles, dado que lo contrario supone mermar la oferta con el consiguiente incremento de precios.
La inseguridad jurídica desincentiva la inversión en vivienda, lo que agrava aún más la crisis. Sin una reforma legal valiente y eficaz, España seguirá siendo el paraíso de la okupación y el infierno de quienes legítimamente lucharon para conseguir su vivienda en propiedad.
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