Un «escudo social» injusto

través de la aprobación de un Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros del pasado lunes, tras alcanzar un acuerdo con Junts per Catalunya, garantiza la bonificación del transporte público que en Ibiza significa la gratuidad del autobús y en Mallorca, también el tren. Además, se actualiza la cuantía de las pensiones, aumentándolas con carácter general un 2,8 por ciento con respecto a 2024. Dado que incluso el PP ha anunciado que votará a favor de la convalidación de esta norma, por más que su voto no es necesario, pues ya cuenta con la mayoría del Congreso para salir adelante, es bueno analizar las implicaciones financieras y sociales en términos de sostenibilidad y equidad, que implican las dos medidas. Sobre el transporte público gratuito, recordemos que incluso el ministro Óscar Puente se mostró partidario de acabar con esta medida. Nada es gratis y lo que sucede es que lo pagamos todos, aunque no lo usemos. Así, se obliga a todos los ciudadanos a sufragar un servicio que solo beneficia a los usuarios. En cuanto a la revalorización de las pensiones, la OCDE ha advertido que incrementa el déficit del sistema, haciéndolo insostenible. Las pensiones más altas deberían experimentar aumentos menores para mitigar este efecto. La pensión media en España ya supera el salario medio de los menores de 35 años; por tanto, sería más equitativo y sostenible aumentar las pensiones más bajas, asegurando que aquellos jubilados con ingresos limitados mantengan su poder adquisitivo, mientras se contiene el gasto de las pensiones más altas. Las intenciones detrás del «escudo social» son loables, pero la realidad es que es injusto y contribuye a aumentar el déficit sin redistribuir la riqueza, aumentando así las desigualdades. La gratuidad del bus, sólo para quien lo necesite; y subir las pensiones más bajas y no las más abultadas.