Hacer política de espaldas al ciudadano

El debate sobre la representación que ostentan los partidos políticos es muy antiguo y dado lo ocurrido esta semana en el Congreso de Diputados en Madrid sigue estando en el centro de la actualidad. El pasado miércoles se votaba la convalidación en la Cámara Baja de varios decretos del gobierno progresista del Estado Español, entre los que destacaba el denominado decreto ómnibus que contenía una amalgama de cuestiones, unas con más trascendencia que otras.
La realidad es que por diversos motivos este decreto ómnibus era sin duda el más importante y, por tanto, el más relevante de los que se votaron ese día. El resultado de la votación en ese pleno de convalidación de decretos fue la derrota del Gobierno y la derogación de todas las medidas que ese decreto ómnibus contenía. Para ello se unieron y votaron en contra del mismo tres partidos de derechas o extrema derecha: PP, Vox y Junts.
Siendo previsible el voto de Vox, ya que desde ese partido lo único que se persigue es torpedear todo lo que suponga la defensa de derechos de una mayoría democrática, más relevantes parecen las posiciones adoptadas por PP y Junts. En lo que al partido independentista catalán se refiere, cabe señalar que sigue sin mostrar realmente la ideología política que defiende, limitándose a que sus consignas tan solo pasan por las elucubraciones delirantes de un desequilibrado dirigente fugado de la justicia y los intereses particulares de él mismo y sus acólitos al abrigo ahora de unos supuestos valores independentistas de más que dudosa procedencia real.
La imposibilidad actual de la aplicación de una ley de amnistía, que cabe recordar que fue revisada y reformada convenientemente por los dirigentes de Junts, al propio Puigdemont sirve de detonante permanente para seguir torpedeando cualquier medida o propuesta que provenga del Gobierno del Estado. Para ello, y con el único objetivo por su parte de liberar de todos los males a su presidente prófugo, no dudan en utilizar derechos que para la mayoría de la población española, incluyendo la catalana, resultan beneficiosos. En Cataluña también hay un gran número de jubilados que verán cómo el incremento de 2,8% que han percibido en la nómina de enero el próximo mes se esfumará por obra y gracia entre otros de los votos de sus representantes de Junts, que dicen defender los intereses de los catalanes por encima de todo.
En lo que concierne al PP, ese partido que dice ser el único defensor real de las necesidades de todos los españoles y que alardea de ser el único partido que les defiende y les protege, señalar que al igual que los independentistas catalanes también votó en contra del importantísimo racimo de medidas sociales que contenía en decreto en cuestión. Aquí no hay ni tan siquiera supuestos intereses independentistas que defender: lo único que se hace es velar por los intereses propios del PP en su alocada carrera intentando desbancar a Pedro Sánchez de la presidencia del Estado Español.
Cualquier cosa vale para la derecha española si entienden que con ello están debilitando la base de un gobierno progresista, que ciertamente tiene unos frágiles cimientos que lo sustentan. Si para ello hay que hacer política mirándose solo al ombligo y de espaldas al ciudadano, pues se hace sin problema alguno y punto. De todo lo que se ha tumbado y que contenía el decreto votado en contra, lo más destacable sin duda es lo del rechazo a la subida de las pensiones de más de diez millones de jubilados en base al IPC de 2024 y que es de un 2,8%.
Ese más que claro odio visceral que el PP siente por los jubilados de este país es más que evidente, si bien no es nuevo. Cabe recordar que con el gobierno de Rajoy las pensiones solo podían subir un máximo del 0,25%. Para que quede más claro todavía: con el PP gobernando, un jubilado con una pensión baja hubiera visto incrementada la misma en dos euros, mientras que con el actual gobierno en 22 euros. Una pensión media con el PP hubiera subido 3,60 euros, mientras que con el actual gobierno progresista el incremento sería de 40 euros. Parece clara para el amplísimo colectivo de jubilados de este país la diferencia entre que gobiernen unos o lo hagan otros.
Sin duda, unos y otros, los tres partidos que el pasado miércoles votaron en contra del decreto en cuestión, es decir PP, Vox y Junts, tienen claro cuál es el objetivo que persiguen. PP y Vox solo buscan desbancar a Sánchez de la Moncloa y Junts solo busca el beneficio de su líder veneradísimo Puigdemont. Ninguno de los tres tiene en mente que debe hacer política en beneficio de los ciudadanos y no tan solo en el de su propio partido.
Resulta francamente grotesco que se haya optado con tanto descaro por la teoría de que el fin justifica los medios sin tener en cuenta que esos medios pueden estar cargándose las esperanzas de millones de españoles y no solo de pensionistas, ya que también se rechazaron las ayudas a los damnificados por la Dana en Valencia. Sobran viajes de Núñez Feijóo a Valencia y se necesita votar a favor de las ayudas, es decir, lo contrario de lo que hacen PP, Vox y Junts. Los tres son corresponsables.