En España hay algo más de 900 jueces sustitutos. Por cada juez titular, hay un juez sustituto, licenciado en Derecho que, sin haber aprobado una oposición, cubren las ausencias de los jueces y magistrados titulares. Los requisitos son sencillos: ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho. Nada de pruebas específicas que evalúen las aptitudes necesarias para el cargo. Una simple inscripción en una bolsa y una evaluación basada en el currículum, además de una entrevista, es suficiente La excelencia profesional está descartada con un proceso de selección tan exiguo y poco meticuloso. A la par, hay que reconocer que las condiciones laborales de este colectivo son deplorables por su precariedad, ya que encadenan contratos temporales con la prohibición de compatibilizar la labor judicial con cualquier otra actividad a excepción de la docencia.
Hablamos de esto porque una juez sustituta en Ibiza, que ejercía temporalmente en un juzgado de lo Penal, ha sido apartada por cometer "graves irregularidades". Se trata de un asunto importante que fue noticia por los términos con que la Audiencia Provincial se refirió al cúmulo de errores cometidos por la jueza: «Podemos concluir que pocas veces hemos visto en un procedimiento tantas infracciones legales y vulneraciones del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva». Poca cosa.
Recuerda a aquel otro juez sustituto, Francisco José Pérez Martínez, que ejercía en Palma y que fue apartado por «falta de idoneidad» en el ejercicio de sus funciones. Fue cesado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2013, al considerar que obró «de manera apresurada y poco ponderada». El sancionado recurrió ante el Tribunal Supremo, pero quedó retratado cuando el Alto Tribunal recordó que, en una sustitución de cuatro días, en un sumario con 8.000 folios, acordó la imputación del expresidente del Govern, Jaume Matas, y del exsecretario general del PP, José María Rodríguez. En una sola tarde, hizo lo que no había hecho el magistrado titular.
En otra ocasión, durante una breve sustitución, el interfecto impuso una fianza civil a Unió Mallorquina de 1,6 millones de euros, lo que significó la puntilla para la formación política. Un simple juez sustituto se cargó a un partido político con la mera imposición de una fianza civil. Nunca se ha producido nada parecido. Pero dos años más tarde, a aquel juez sustituto al que le encantaban las causas por corrupción, según testificó un funcionario, acabó apartado de la función judicial. Recuerden aquello de «tanto va el cántaro a la fuente…»
En este 2025, el sistema judicial español iniciará una profunda reorganización, eliminando juzgados y reemplazándolos por tribunales de instancia para fomentar la toma de decisiones colegiadas, reducir la burocracia y disminuir los recursos. Estos nuevos tribunales permitirán una mayor movilidad de jueces y buscan unificar criterios para evitar resoluciones contradictorias. La reforma también introduce audiencias preliminares y nuevos procedimientos en casos penales y de violencia contra la mujer, aunque debemos ser pesimistas ante la escasez de recursos y personal necesario. Además, se promoverá la mediación obligatoria en jurisdicciones civil y mercantil para aliviar la carga de trabajo judicial, valorada positivamente por algunos, pero con cautela por otros sobre su efectividad. Las oficinas de justicia también necesitarán modernización tecnológica y estructural, lo cual requiere de fondos, algo de lo que adolece la Administración de Justicia de forma crónica.
Y a la vista de los apuros judiciales que asfixian al PSOE en casos de corrupción y la guerra declarada del Gobierno a jueces y fiscales, auguro que las cosas irán a peor. Para que aprendan a investigar a familiares de Pedro Sánchez y al mismísimo fiscal general del Estado.
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