Solo el PSOE puede ser acusación popular

Quedarán fuera de la acción popular en fase de instrucción los partidos políticos y las asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos, para «preservar el carácter secreto o reservado de la fase de instrucción», para que sólo la Fiscalía, la víctima y el investigado tengan acceso al sumario. Además, la causa deberá ser archivada si la Fiscalía o la acusación particular no formulan acusación.

En la exposición de motivos se afirma que se quiere poner coto al «uso abusivo de la figura de la acusación popular, que emplean determinados colectivos no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos» en procesos donde «de manera constante se vulneran sus derechos al honor y a la tutela judicial efectiva y se producen filtraciones del contenido de la instrucción».

Realmente, lo que los socialistas persiguen es expulsar de la investigación judicial contra Begoña Gómez a Manos Limpias, Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Movimiento para la Regeneración Política de España. Y lo mismo en el caso Koldo con PP, Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.

En el caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el PSOE quiere echar de la causa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, al Colegio de Abogados de Madrid, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y Manos Limpias.

¿Acaso el PSOE anunció alguna vez su intención de modificar la Ley como ahora propone, cuando no había causas judiciales abiertas que les afectasen tan de cerca? Obviamente que no. Lo hace ahora para protegerse, librándose de las molestas acusaciones populares.

Pero lo lógico, antes de presentar la proposición de ley, hubiese sido desistir de las causas en las que los socialistas ejercen la acusación popular, que no son pocas. En Ibiza, por no ir más lejos, han anunciado su intención de recurrir el archivo de la causa ‘La vida islados’ contra el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí. Dado que se personaron como acusación popular, están en su derecho de hacerlo; pero queda claro que están en contra de las acusaciones populares, siempre que no sean ellos quienes la ejercen.

Porque todas las perversidades que atribuyen a las acusaciones populares personadas en los procesos que les atañen, pueden atribuirse de igual modo a las que ejerce el PSOE. Y con idéntico propósito. Por eso, sólo se puede calificar de hipocresía pura y dura su proposición de ley. Porque si estuvieran realmente convencidos de que no es bueno que los partidos políticos intervengan como parte en los procesos judiciales, ¿qué hace el PSOE en ‘La vida islados’? Pues justamente lo que imputa a sus rivales cuando son ellos los investigados: «atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos» en procesos donde «de manera constante se vulneran sus derechos al honor y a la tutela judicial efectiva y se producen filtraciones del contenido de la instrucción.

Hace falta tener la cara dura para pretender prohibir ahora que los demás hagan lo que los socialistas están hartos de hacer. Pero no podemos pedir al PSOE ni coherencia ni honestidad, porque en esta iniciativa no hay el menor indicio de interés general ni de búsqueda del bien común. Cuando el PSOE es acusación popular, está genial; pero si son otros, entonces es intolerable, se trata de una persecución y debe impedirse. Cínicos hasta decir basta. Lo único bueno de todo esto será que tampoco los socialistas volverán a ser acusación popular. Al fin.