Imagen de archivo del presidente del Consell, Vicent Marí, a su llegada al Juzgado para declarar como investigado. | ARCHIVO

El caso ‘La Vida Islados’ ya ocupa, por derecho propio y para vergüenza general, un lugar prominente en la historia de la infamia política de Ibiza. El PSOE decidió ir a por su principal rival político, Vicent Marí, imbatible en las urnas, acusándolo falsamente de corrupto. No había otro modo de erosionar su imagen, ante el arrollador apoyo ciudadano que su gestión y su política concitan. No dudaron en utilizar las instituciones que ellos mismos crearon y que controlaban férreamente, como la Oficina Anticorrupción de Baleares, que sólo por eso merecía ser liquidada de un plumazo como por fortuna se hizo al comienzo de esta legislatura.

Los socialistas ibicencos buscaron una persona descontenta con el presidente del Consell d’Eivissa y hallaron a la interventora de la institución, Mª Ana Tur Díaz, una persona afín a la izquierda y dispuesta a todo en tal de acabar con Vicent Marí. La aparición del abogado de Tito Vilás, el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, representando a la interfecta, lo explicaba todo. La conjura PSOE-Interventora-Vilas, una triada siniestra, demostraba que había determinación y recursos económicos para liquidar a Vicent Marí. El PSOE, de la mano del empresario querulante que clamaba venganza contra el exalcalde de Santa Eulàlia, que no se había plegado a sus deseos de torpedear un proyecto de clínica privada que amenazaba su monopolio en la sanidad privada, estaban decididos a lo que fuera, literal.

Así, las denuncias contra Marí por presuntas irregularidades en la contratación de una campaña de promoción turística durante la pandemia se abrieron paso en la Oficina Anticorrupción, luego en la Fiscalía y más tarde en los juzgados, además de en los medios de comunicación. Se le acusaba de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la interventora, que si hubiera Justicia en este país, ahora debería ser ella la acusada de coacciones al presidente del Consell d’Eivissa, además de despedida de su puesto cuya generosa nómina todos pagamos.

Sobreseimiento de la causa

El 23 de diciembre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza decretó el sobreseimiento provisional del caso, concluyendo que no se cometieron los delitos imputados a Marí. El juez determinó que la contratación de emergencia de la campaña ‘La Vida Islados’, valorada en 250.000 euros, fue legal y justificada en el contexto de la crisis turística provocada por la pandemia. Y destapó de forma indubitada que jamás hubo el menor trato incorrecto hacia la interventora.

Quedó al descubierto que todo fue una operación política contra Marí y el PP, a quienes dirigentes socialistas no cesaron durante dos años de difamar. Bueno, realmente sí cesaron, pero sólo después de que el exalcalde de Vila fuese imputado por corrupción por la jueza instructora del ‘caso Puertos’. Fue entonces cuando dejaron de hablar de Marí y de ‘La Vida Islados’. Más valía callar, pero ya era tarde, porque a ojos de todo el mundo –y también del juez, afortunadamente–, las acusaciones se desvanecían por su evidente inconsistencia.

Pero la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) anuncia su intención de recurrir el sobreseimiento ante la Audiencia Provincial, argumentando que existen indicios suficientes para continuar con el proceso judicial. El PSOE manifestó su respeto por la decisión judicial, pero no la comparte, considerando que los hechos investigados son graves y merecen un mayor esclarecimiento. ¡Qué van a decir ellos! Insisten en la difamación, demostrando que lo que son y lo aportan a la política ibicenca y balear: lodo y cieno pestilente.

El sobreseimiento provisional del caso ‘La Vida Islados’ y la decisión del PSOE de recurrir, demuestran que el PSOE es un partido determinado a hacer lo que sea, por inmoral que resulte, para llegar al poder y para retenerlo una vez alcanzado.

Critican la persecución judicial al entorno del presidente Pedro Sánchez, y ellos hacen lo mismo contra Vicent Marí, con la gran diferencia que, en este caso, el juez instructor ha dejado claro que no hay el menor indicio de delito, pero les da igual. Del mismo modo que Sánchez sigue acusando de corrupción a Isabel Díaz Ayuso, a su hermano y a su pareja, sin aportar ninguna prueba, sin que haya un pronunciamiento judicial e incluso infringiendo la Ley si es preciso, como demuestra la imputación del mismísimo fiscal general del Estado. El PSOE es una banda sin escrúpulos, sin moral y sin otro objetivo que perpetuarse en el poder.