El programa Formentera.eco no es el modelo a seguir. Fue el primero que se hizo en todo el país para regular la entrada de vehículos en una isla, algo que no se había hecho nunca y, por tanto, que no tenía precedente ni modelo a seguir. Tuvo su mérito pero ahora descubrimos que también hubo fallos que han de ser subsanados, pues persistir en el error es poco inteligente. Y, desde luego, las demás islas que quieran seguir el camino iniciado por la Pitiusa del sur, deben copiar lo positivo de aquella normativa, desechando lo negativo. Al menos, ahora se tiene la experiencia de los cinco años de vigencia de la Ley para la Sostenibilidad ambiental y Económica de Formentera, lo cual será muy valioso para la ley que limite la entrada de vehículos a Ibiza. Pero ahora también sabemos que aquella norma, tal y como algunos advertimos en su día, vulnera la legislación de libre competencia y concretamente la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, pues, según la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), la regulación «es desproporcionada y supone una limitación injustificada para los operadores no residenciados en la isla». Dicho de otro modo, los rent a car de fuera no pueden operar en la isla. La normativa balear ha hecho que, de facto, Formentera sea un mercado cerrado y bloqueado, donde únicamente las empresas locales existentes en 2019 pueden trabajar. Y eso, en el territorio de la Unión Europea, donde existe libertad de circulación y movimientos, tanto de personas como de capitales, no es posible. Lo que hace sospechar que los impulsores de aquella norma, con el respaldo del Consell d’Entitats, no sólo perseguían restringir la entrada de vehículos en los meses de temporada alta, sino también blindar sus negocios impidiendo a las demás empresas trabajar en la isla. Los de fuera, que se fastidien.