Nueva temporada, mismo problema

Seguramente el problema más sangrante que estamos padeciendo, es el de la vivienda. A la vista de las propuestas que por parte de los vencedores de esa última contienda electoral se hicieron públicas, marcando importantes diferencias a la hora de atacar esa problemática que nos afecta a todos los niveles, social, laboral o económico; ya se podía vislumbrar que no iban a servir de nada. Desafortunadamente y de cara al inicio de la nueva temporada y tal como predije en su momento, el problema se mantiene y la gravedad del mismo sigue en caída libre.

La reacción mediática de la derecha en nuestras islas, fue inmediata; se anunció y se aprobó un paquete de medidas, que pretendían por un lado marcar diferencias con las propuestas de gobiernos progresistas anteriores y por el otro, demostrar que los anuncios de cambios prometidos pasaban a ser una realidad. Para escenificar ambas cosas, se aprobo por parte del Govern del PP de Marga Prohens, un paquete de medidas contenidas en un denominado decreto de emergencia habitacional.

La inutilidad de tal decreto se ha podido comprobar al poco de su aprobación, siendo tan clara la ineficacia del mismo, que incluso la mayoría de instituciones gobernadas por la derecha se han negado a aplicarlas en los territorios que gestionan, debido a la nula repercusión que el mismo tiene a la hora de atacar el grave problema de la vivienda.

Últimamente diversas organizaciones y asociaciones profesionales han realizado declaraciones sobre la situación habitacional que venimos padeciendo. Los últimos en hacer su valoración han sido los constructores de las islas a través de la Asociación de Constructores de Baleares, siendo lo más llamativo de la misma la conclusión de que el déficit habitacional de las islas es de 35.000 viviendas y que para paliar la situación, es preciso poner en el mercado en los próximos 13 años unas 10.300 viviendas anuales, atendiendo a las predicciones sobre el hipotético incremento de población.

Parece mentira la facilidad con la que se proponen brutales incrementos de nuevas construcciones, sin tener para nada en cuenta las circunstancias territoriales de nuestro entorno. Colectivos como este de constructores, solo tienen presente el margen de beneficios que pueden obtener con sus negocios, descartando cualquier atisbo de análisis sobre la repercusión que los mismos tienen en el presente y futuro de las Pitiusas y por tanto de todos aquellos que vivimos y trabajamos en estas islas.

Hay que reconocer que en un detalle sí creo que aciertan y es en la critica que se hace a la escandalosa falta de vivienda pública, ahora bien que la propuesta que se haga sea la construcción de más de 10.000 viviendas anuales, más que una solución podría suponer la estocada definitiva al progreso y a una vida digna en nuestras islas.

Las cifras no engañan y el reconocimiento de que en las Pitiusas la mayor inversión realizada en 2023 supero a la del año anterior, resulta un detalle muy significativo si tenemos en cuenta que la mayor parte de esa inversión va a la construcción de viviendas unifamiliares de lujo, lo cual deja a la gran mayoría de quienes necesitan una vivienda en estas islas, sin la menor posibilidad de acceder a un habitáculo digno y a un precio mínimamente asequible.

Teniendo en cuenta que la vida en Eivissa y Formentera, al tratarse de islas, viene indefectiblemente ligada a las limitaciones territoriales que ello supone; deberíamos todos tener muy presente que no se puede construir indefinidamente sobre nuestro territorio, ya que por este camino acabará cubierto de cemento y habremos liquidado cualquier atisbo del atractivo que tienen nuestras islas y que es el reclamo para que cada año miles y miles de turistas nos visiten.

La vivienda es un problema crucial para el presente y el futuro de nuestra sociedad y dada la gravedad del mismo, debe afrontarse ya como un asunto de estado. De nada sirve que todos los partidos políticos reconozcan la necesidad de afrontar el tema con extrema urgencia, si la realidad nos demuestra que nadie toma la decisión de atacar el problema de forma clara y contundente.

Seguir creciendo urbanísticamente con el libre mercado como única base, puede ser el mayor error que vaya a cometerse. Hay que priorizar la construcción de vivienda pública y controlar la nueva privada a la que solo pueden acceder unos pocos privilegiados. Que las administraciones en su conjunto inviertan en vivienda pública, controlando ubicación, precio y uso; en caso contrario, se estará fomentando la autodestrucción.