Seguramente muchos ibicencos coincidirán en que la falta de vivienda es un obstáculo que cada vez complica más la vida a los residentes de la isla. Solo los millonarios y aquellos que han tenido la suerte de heredar pueden estar tranquilos. Del problema de la falta de vivienda se han hecho muchos diagnósticos, pero es evidente que nadie acierta a la hora de buscar una solución. Dicen que la proliferación de pisos turísticos ha reducido la oferta de viviendas para residentes, pero también es cierto que apenas se construyen nuevos inmuebles ya que el suelo escasea y disponible es muy caro.
Otro argumento de peso para que haya poca oferta de vivienda en alquiler son las escasas garantías que tienen los propietarios, gracias en parte a que no se ha regulado suficientemente el problema de los okupas. Muchos inquilinos se convierten en okupas cuando deciden no pagar el alquiler y los propietarios pueden pasarse años en recuperar sus viviendas. El Gobierno de Sánchez y sus socios ha blindado también los impagos de inquilinos con pocos recursos durante dos años sin buscar una solución a los propietarios. Así es realmente fácil hacer política social. Con este panorama lo realmente milagroso es que siga habiendo dueños de pisos que coloquen sus propiedades en el mercado del alquiler.
Sin embargo, hay otro problema que podría resolverse con mucha más rapidez si los políticos que muestran tanta preocupación por la falta de vivienda fueran más efectivos con la gestión de sus propias competencias. Un importante hotelero de una cadena de Ibiza me comentaba hace unos días que en 2017 solicitó un permiso para poder rehabilitar un antiguo hotel y reconvertirlo en pisos para sus empleados. Han pasado siete años y aún espera la licencia municipal. Una cosa es lentitud y otra que los servicios de urbanismo puedan estar siete años en dar una licencia para algo tan imprescindible como una vivienda para trabajadores del sector de la hostelería.
Los promotores inmobiliarios ya denunciaron hace tiempo que las administraciones tardan demasiado tiempo en dar licencias de obras que en circunstancias normales podrían concederse con dos o tres meses de plazo. La lentitud en conceder permisos suele ser algo común en todos los ayuntamientos por mucho que los responsables anuncien medidas para reducir la burocracia. Cuando un ayuntamiento tarda siete años en resolver una licencia de obra para construir viviendas para trabajadores o realmente les importa un pimiento dónde vive la gente o su incompetencia es tan grande que ni siquiera saben lo que ocurre en los departamentos de urbanismo.
Por lo tanto, no busquemos solo en el alquiler turístico el origen del problema de la falta de vivienda en Ibiza, si bien la situación empieza a ser dramática también en Mallorca y en Menorca. Hay otras causas que nadie quiere abordar con seriedad y me cuesta creer que los principales responsables políticos desconozcan lo que sí está en su mano para mitigar el problema.
Que no le den siempre la culpa al mercado de la falta de vivienda. Hay responsables políticos que por omisión están colaborando para que muchas personas residentes en Ibiza y Formentera se planteen marcharse a trabajar a otros destinos, sobre todo a la Península, donde sí hay vivienda disponible y a precios razonables. Vivir en el paraíso en estas circunstancias no compensa demasiado.