Gentrificación en el Puerto de Eivissa

Pero todo eso no basta para que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) resuelva el concurso a su favor. Y eso que desde el 1º de septiembre del año pasado preside la APB Javier Sanz, un enamorado de la náutica que también fue presidente de la Real Federación Española de Vela (RFEV) y que entre 2012 y 2020 estuvo al frente del Real Club Náutico de Palma, ¡nada menos!

Si Javier Sanz no soluciona este entuerto a plena satisfacción del CNI, nadie lo hará. Y me temo que no ayude mucho lanzar ultimátums, al margen de otras consideraciones, porque el presidente de la APB debe ser muy consciente de lo que más conviene al puerto de Eivissa, a la náutica recreativa y también al interés general. Eso está fuera de toda duda: el CNI debería seguir gestionando la dársena del puerto donde lleva casi un siglo. Su arraigo social, su labor educativa e integradora y, en suma, su faceta deportiva, están amenazados si el concurso lo gana la empresa Puertos y Litorales Sostenibles.

No mencionaremos la brutal subida de tarifas que representaría la salida del CNI y la entrada de esta empresa ajena a la náutica deportiva y que, como toda empresa y como es natural, tiene finalidad lucrativa. Emulando lo que ha venido sucediendo en tantos otros lugares de España, los propietarios de embarcaciones pequeñas y modestas serán desplazados y su lugar será ocupado por otros usuarios que sí podrán hacer frente al incremento tarifario, aunque no tengan ninguna vinculación ni arraigo con la isla.

Además, con la descomunal subida del alquiler anual del restaurante, que inevitablemente conllevará un aumento de los precios, aparece otro motivo para que la ciudadanía deje de acudir al CNI. A eso se le llama gentrificación: un previsible cambio de gestión, que acarrea la implantación de un modelo lucrativo y de maximización de beneficios, a la vez que se reducen los costes, que terminará por desplazar a la población original por otra, habitualmente foránea, sin arraigo y de mayor poder adquisitivo.

Al final, lo que está en juego es la pervivencia de un modelo social y arraigado al territorio, frente a un modelo depredador, desconectado del lugar y donde sólo interesa el dinero. Esto es lo que debe valorar la APB a la hora de decidir quién gana el concurso. Y, en todo caso, seguro que sus dirigentes saben no sólo lo que hay sobre la mesa, sino también que sus decisiones tendrán consecuencias sociales, legales y políticas. Si el último bastión del Puerto de Eivissa a disposición de la ciudadanía cae en manos de una empresa, el terremoto que se originará será lo nunca visto en la isla. Confío en que eso no suceda.