Poca agilidad se vislumbra

Son muchos los problemas y las cuestiones que se suelen eternizar y que parece que nunca se van a cerrar. Uno de estos casos y de los más sonados, es el grave problema o «marronazo» de los apartamentos Don Pepe. Sin entrar a valorar determinados aspectos del caso, si creo que vale la pena analizar lo ocurrido desde que se dio orden de desalojo de uno de los dos edificios de los citados apartamentos.
Van pasando los años desde ese desalojo y son diversas las resoluciones que desde las administraciones se han venido decidiendo, a los efectos de solventar el problema. El caso es que los legítimos y legales propietarios de esos apartamentos, están sumidos en un mar de dudas y de incertezas, ya que parece que se vayan dando palos a todos lados, sin que se acabe de definir una propuesta o solución definitiva para el problema.
Antes de las elecciones locales y autonómicas del mes de mayo, lo último que se decidió, fue la construcción de un nuevo edificio en la zona de Sant Jordi, que iría destinado a las 100 familias que hasta su desalojo venían ocupando los dos bloques de apartamentos Don Pepe. Pues bien, recientemente se ha producido un nuevo cambio de guión y, desde la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern, se acaba de proponer una nueva alternativa.
La nueva solución consistiría en derribar el edificio ya desalojado de los apartamentos Don Pepe, reformando y arreglando el que de momento sigue ocupado. Esta nueva propuesta ha dejado descolocada a una gran mayoría. Sinceramente, se trata de una alternativa en ningún caso propuesta hasta la fecha y que a todas luces supone un planteamiento radicalmente opuesto a todo lo trabajado hasta el día de hoy.
Recordemos que los ocupantes de ambos edificios se vieron afectados por la orden de desalojo de los dos edificios, al estar ambos en pésimas condiciones y no poderse otorgar la correspondiente licencia para su rehabilitación, que pudiera permitir recuperar la seguridad estructural de los mismos, ya que se trata de inmuebles fuera de ordenación y en pésimas condiciones.
Pues bien despues del desalojo de las 50 familias de uno de los edificios y mientras las otras 50 todavía se mantienen en el otro, se modifica la propuesta trasladada a los afectados y en la que se venía trabajando hasta la fecha. Los acuerdos básicos hasta el día de hoy, consistían en la necesidad del derribo de los dos edificios ante su ruinoso estado y la construcción de un nuevo edificio en la zona de Sant Jordi, para realojar a las 100 familias de los Don Pepe. El derribo de los apartamentos debía devolver a su estado la zona del litoral en la que se encuentran.
Siendo esta la situación, caben ciertas dudas. En primer lugar, si se derriba un edificio y se rehabilita el otro, la zona del litoral que ocupan ya no recuperará su estado natural. Por lo tanto ese objetivo queda aparcado. En segundo lugar, las 100 familias afectadas, llevan años con la espada de Damocles sobre sus cabezas, sin saber en realidad como va a acabar todo, ya que se dan varias circunstancias, como que para la adquisición del solar donde construir el nuevo edificio, hay que esperar a que las normas provisionales urbanísticas estén aprobadas. Por otro lado, para proceder a la reforma del edificio que permanece ocupado, habrá que aprobar una modificación legislativa que lo permita y de todos es conocida la lentitud en la tramitación de cualquier propuesta en la Cámara Legislativa.
En tercer lugar y partiendo de la afirmación del actual alcalde de Sant Josep, quien afirma «que hay que tratar el tema de forma humana», no acabo de ver que el argumento utilizado para defender la actual propuesta, se acabe de poder insertar en un correcto concepto de trato humano. Según el alcalde, hay que mantener uno de los edificios, debido que el coste de la operación completa de desalojo y realojo de las 100 familias, es urbanísticamente elevado; mientras que si tan solo se realojan 50 familias en el nuevo edificio, las viviendas nuevas restantes se venderían a precio de mercado. Ese argumento resulta poco humanitario.
Si tenemos en cuenta, que los que sean realojados tendrán que asumir un coste por el cambio de una vivienda en ruinas, por una nueva y, que los que se mantengan en los Don Pepe, deberán asumir el coste de la reforma del edificio; no parece de lo más apropiado que desde la administración solo se piense en obtener el mayor beneficio posible de la operación.
Más alarmante resulta que en ningún caso se les haya ocurrido, que ante el gravísimo problema de vivienda que sufrimos, las 50 viviendas restantes, pudieran salir al mercado de alquiler a unos precios razonables y accesibles.
Lo cierto es que este nuevo giro dado a la solución de los Don Pepe, tan solo garantiza más espera y mucho más retraso en la llegada de la solución definitiva para los afectados.