El Govern de Marga Prohens ya podía prever que los partidos de la oposición y las entidades sociales afines a ellos y que controlan en mayor o menor medida, se lanzaría en tromba a criticar que se suprima la obligación de acreditar cierto nivel de conocimiento del catalán para los profesionales de la sanidad pública balear. Estaba cantado porque se trata de un asunto sensible, que despierta pasiones y sobre el que mucha gente puede percibir la medida como un ataque a la lengua propia y a los derechos de los catalanohablantes. La izquierda ya anunció que sería inflexible y contundente en su oposición al Govern del PP y en el tema lingüístico, aún más, porque confían en que los ‘populares' incurran en los mismos errores que cometió el presidente José Ramón Bauzá. Eso les permitiría movilizar a su electorado y a los descontentos que pudieran arrastrar, para agitar el avispero y complicarle la vida (y la legislatura) a Prohens. Algunos en las redes sociales ya se graban sacando del baúl de la ropa vieja sus camisetas verdes, símbolo de la lucha contra el TIL, y lavándolas, para mostrar su predisposición a reeditar la histórica manifestación de septiembre de 2013 en Palma. Se quedarán con las ganas, creo yo. La situación no tiene punto de comparación. La eliminación del requisito del catalán es un compromiso electoral del PP respaldado por Vox; pero no es caprichoso ni gratuito, sino una necesidad perentoria que debió adoptarse mucho antes; algo que intentó la anterior consellera de Salut, Patricia Gómez, con el respaldo de la presidenta Francina Armengol. Pero se topó con la oposición frontal de sus socios de Més per Mallorca y tuvo que recular. Los ecosoberanistas no parecen tener noticia de la gravedad de la situación en Ibiza, ni de la falta de oncólogos, ni de las protestas en Can Misses. O quizás sí, pero priorizan el catalán a la salud. Hasta que les falte…
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